El atractivo de la economía española para los inversores se resiente. En el primer semestre del año, la inversión extranjera directa cayó más de un 60%, habiendo pasado de los 21.400 millones de euros registrados durante el mismo período del año anterior, a 8.470 millones de euros. Del mismo modo, España cayó dos puestos en la última edición del Índice Kearney, que mide la confianza de los inversores en nuestro país, saliendo de este modo del top 10 mundial, debido a la inseguridad jurídica, la insuficiente protección de los derechos de propiedad, el exceso de cargas burocráticas, la insuficiencia de incentivos fiscales para la inversión extranjera y la inestabilidad política.
Asimismo, nuestro país empeoró cuatro puestos en el Índice de Competitividad de 2024, pasando a ser el país número 40 de la clasificación, el peor resultado de España desde 2013 y el segundo peor desde que se elabora este estudio. Por otra parte, el informe del IJM que evalúa la claridad regulatoria de los países detalla que España está por delante únicamente de Francia y Bélgica. En este sentido, se subrayaba que la sobrecarga de normas genera un "impuesto regulatorio oculto" que alcanza los 70.000 millones de euros cada año, lo que equivale al 4% del PIB español.
En este contexto, a todos los impedimentos que existen para la llegada de inversión a nuestro país, debemos añadir también la desconfianza que genera en los inversores la negativa del Gobierno de España de hacer frente a los pagos de las primas a las renovables. Así, el impago de estas obligaciones acumula ya una deuda de 2.180 millones de euros, que se reparten en 1.754,7 millones en indemnizaciones y 416,4 millones en intereses y costas.
Con todo, es importante considerar que, pese a lo que se pudiera suponer, los laudos por los impagos a las renovables no se reducen únicamente a un problema para las cuentas públicas y el Gobierno, que ve cómo los acreedores reclaman el pago de sus deudas incluso con activos o participaciones de entidades en las que esté presente el Estado español. En realidad, esto tendrá consecuencias para el conjunto de la ciudadanía. Por ello, tal y como se detalla en una web creada para informar de las obligaciones que acumula el Gobierno en este ámbito, la deuda de nuestro país por estos laudos crece casi 2 euros cada segundo.
En esta web se explica también que "España tiene más deudas por arbitraje internacional que ningún otro país del mundo, encabezando la lista junto con Rusia y Venezuela". De hecho, se subraya que nuestro país es uno de los pocos, junto con Venezuela, que se niega a acatar los laudos definitivos del CIADI del Banco Mundial. Así las cosas, se denuncia incluso que "el Estado de Derecho está en peligro y el Gobierno español está fallando a sus ciudadanos".