La votación sobre nucleares que el PP veía como otra ocasión para que Sánchez fuera derrotado ha dejado una imagen radicalmente contraria: la del PSOE celebrando que aún gana votaciones difíciles en el Congreso. El pleno acordó la supresión de la enmienda que los populares incluyeron en la Ley de Movilidad Sostenible en una ajustadísima votación en la que no faltó nadie y en la que fue decisiva la abstención de Junts.
Tras la ruptura de los nacionalistas con Sánchez, varias veces anunciada y que volvió a confirmar este miércoles Miriam Nogueras, se veía probable que certificaran el cambio con el voto a favor de una enmienda alineada con sus intereses: los nacionalistas han manifestado varias veces (y su abstención sirvió en otras ocasiones para sacar adelante mociones pronucleares) que no quieren apagar las centrales nucleares catalanas de Ascó y Vandellós, decisivas para el suministro energético de la región, donde suponen un 60 por ciento de la demanda eléctrica. Sin embargo, la enmienda fue finalmente suprimida por solo un voto para regocijo de los socialistas. En los pasillos, Nogueras reiteró que no quieren el cierre, alegó que en esta materia siempre se han abstenido y se quejó de la redacción de la enmienda del PP para justificar su auxilio al PSOE. La decisión llegaba el mismo día del dictamen del abogado del TJUE favorable a los intereses separatistas.
¿Cambia algo para el panorama nuclear español que la votación no haya salido adelante? ¿Qué hubiera ocurrido si Sánchez sí hubiera sido derrotado? En el plano político, habría supuesto redoblar la presión para liquidar el calendario de cierre, pero en sí, la enmienda de los populares no suponía una prórroga automática de Almaraz, Ascó y Cofrentes, como llegó a sugerir la ministra de Transición Ecológica para pedir a sus socios que la tumbaran. Los populares pedían eliminar las referencias a las fechas de cierre que quedaron recogidas en el BOE cuando se publicaron las últimas autorizaciones de explotación para las tres centrales, reemplazándolas por el recordatorio de que los propietarios podrán "solicitar, con al menos 18 meses de antelación a esa última fecha, una nueva autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" cumpliendo con los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear.
Aunque desde el sector siempre se han citado estas órdenes ministeriales como un escollo más para la prórroga nuclear, su existencia no ha impedido que las tres propietarias de Almaraz hayan iniciado el proceso para conseguir la prórroga tres años más, hasta junio de 2030. El futuro de la central extremeña sigue estando en manos del Consejo de Seguridad Nuclear (los "técnicos", como se afana en decir ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez para no revelar su posición) y en último término será el Ministerio de Transición Ecológica quien diga si Almaraz puede seguir funcionando o no.
En principio, aunque la fecha de cierre esté muy próxima para los plazos de la industria (otoño de 2027), aún hay tiempo para que el apagado no sea irreversible. La propia central ha recordado este miércoles al anunciar el fin de la última recarga que "Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en 2020 y vigente hasta el año 2030". Alude a la compleja documentación necesaria para conseguir un nuevo permiso para operar y que en España se concede por periodos de diez años aunque finalmente Almaraz sólo fuera autorizada para funcionar siete años más. Fuentes del sector destacan que dado que los principales estudios e informes ya estarían hechos, los trámites para autorizar la prórroga serían ahora mucho más sencillos.
Tras el dictamen del CSN, el Gobierno deberá desvelar si permite una prórroga que hasta hace muy poco había descartado de plano y sobre la que ahora evita pronunciarse, en medio de la presión de sus socios, por un lado, y de la inminente cita electoral en Extremadura, por otro, donde los populares creen que lo ocurrido en el Congreso puede dar la puntilla a Miguel Ángel Gallardo. Allí, el PSOE sí está inequívocamente a favor de una prórroga que conservar los 4.000 empleos que mantiene la central en la comarca.