Aunque la senda de estabilidad ha sido felizmente rechazada por el Congreso el pasado jueves, de manera que todo indica que no habrá presupuestos, pues es probable que sea rechazada en una segunda ocasión, merece la pena detenerse en el cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno y la senda de estabilidad propuesta, felizmente rechazada, como digo, porque son una auténtica irresponsabilidad.
Así, unos días antes, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto no financiero y el cuadro macroeconómico –que ahora llaman económico al introducir algunos indicadores micro, más como propaganda que como elemento útil para realizar los presupuestos–, que contemplan una elevación del gasto muy importante. Este incremento constituye una enorme responsabilidad, porque eleva el gasto de manera irresponsable, dotándole de un carácter enormemente estructural, con unos objetivos de estabilidad presupuestaria poco ambiciosos, ya que su consecución se basa, únicamente, en el efecto recaudatorio que todavía proporciona la inflación, pero que a medio y
largo plazo se deteriora.
De esa manera, el Gobierno, en la presentación del cuadro macroeconómico y los objetivos de estabilidad, con la fijación del techo de gasto no financiero para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha sido imprudentemente optimista en los supuestos económicos, fiándose del corto plazo dopado con el gasto público, y muy irresponsable, como digo, en el incremento del gasto, como se puede analizar al observar los datos.
Por una parte, ha actualizado el cuadro macroeconómico, elevando el crecimiento de 2025 al 2,9%, manteniendo el de 2026 en el 2,2% y dejando 2027 y 2028 en un crecimiento del 2,1%. El ministro de Economía dice que, de esa manera, se va acercando el crecimiento potencial de la economía española al 2%, pero no es así porque sólo está sostenida en ese nivel por el ingente gasto público, que lleva el techo de gasto no financiero hasta niveles nunca vistos.
De esa forma, su propuesta, tumbada por el Congreso, sigue por la senda del gasto tremendamente expansivo, con un incremento del gasto no financiero –sin fondos europeos– de un 8,5%, que equivalen a 16.610,33 millones de euros más, para dejarlo, sin fondos europeos, en 212.026 millones. Aun sin contar los fondos europeos, el gasto no financiero habrá crecido en 92.129 millones desde que Sánchez llegó al Gobierno. Con los fondos europeos es un incremento del gasto no financiero desde 2018 de 96.280 millones de euros.
Así, si se suman los fondos europeos, el techo de gasto no financiero se eleva hasta 216.177 millones, es decir, 395,67 millones de euros sobre el actual. Esto muestra claramente que cada vez se está consolidando más gasto estructural, ya que el gasto no financiero sin fondos europeos crece en más de 16.000 millones mientras que el que contiene fondos sólo 396 millones, de manera que si antes había millones de diferencia, ahora hay 4.000 millones, que certifica el carácter estructural que adopta dicho gasto.
Esta sangría del gasto continúa con el problema que supone la Seguridad Social, que en lugar de tratar de solucionarlo, lo enquista llevándolo hacia delante, con un traspaso de 22.881 millones de euros, que muestra el deterioro anual acelerado de la Seguridad Social, que cada vez necesita más el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), rompiendo la ortodoxia fiscal. Por mucho que diga que así garantiza la sostenibilidad del sistema, no es cierto, porque la Seguridad Social, por sí misma, ya no puede cubrir sus gastos.
En cuanto a la reducción del déficit, se produce por incremento del PIB nominal, incrementado de manera extraordinaria en las revisiones del INE, producidas tras la actuación de Calviño que ha confesado ella misma sobre la metodología a aplicar, y por la recaudación extraordinaria, pero aun con esa recaudación no se logra alcanzar el equilibrio presupuestario, elemento que deja ver de nuevo el deterioro estructural del saldo presupuestario español, cuya economía cada vez es menos productiva y vive más del gasto público. Es más, pese a ese incremento del PIB nominal y de la recaudación, la deuda pública apenas se reduce sobre el PIB debido a la fuerte presión del gasto público, cuya regla de gasto tiene también un crecimiento tremendamente elevado en el período, por encima del 3%.
En definitiva, nos enfrentamos a un gasto irresponsable, que no deja de crecer; un déficit y deuda maquillados por el aumento del PIB nominal y de los ingresos como consecuencia de la inflación, que camufla el aumento de gasto, que se vuelve estructural; y un cuadro macroeconómico optimista basado en el corto plazo. Es una propuesta cortoplacista para ganar tiempo, que aplaza y enquista problemas, con un perjuicio estructural que pone en riesgo a la economía española en el medio y largo plazo, que se deteriora y asume unos niveles de gasto que España no puede soportar por mucho tiempo. De hecho, si no fuese por el respaldo tácito del BCE con la herramienta antifragmentación, la prima de riesgo española estaría disparada de nuevo.
Es la base del crecimiento del Gobierno: gasto, gasto y gasto, junto con un incremento de población poco productivo, que lleva a que se sustituya talento por bajo valor añadido, que redundará en un deterioro todavía mayor de productividad, mal que aqueja a la economía española. En definitiva, es un techo de gasto que es una irresponsabilidad. Afortunadamente, ha sido rechazada y parece que no saldrán adelante los PGE basados en ello, pero el mero hecho de plantearlo denota lo equivocado de esta política económica.