Hacienda cede. El Ministerio que dirige María Jesús Montero ha decidido retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu. Su implantación iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero para las empresas del país que pagan el Impuesto de Sociedades y el próximo 1 de julio en el caso de los autónomos.
Con esta herramienta, Hacienda pretende controlar la mayoría de las facturas que se emiten en España de forma exhaustiva y en tiempo real. Como ya publicamos en Libre Mercado, este cerco sin precedentes a la actividad empresarial nacional comenzó en el País Vasco en el año 2022, con el llamado Ticketbai, y no tardaría en extenderse por toda España.
El Gran Hermano de Hacienda
Al igual que ocurriera en el País Vasco, el principal cambio de este peculiar "gran hermano tributario" es que todas las facturas tendrán que llevar integrado un código QR que permitirá a los ciudadanos particulares comprobar si sus refrescos o la camiseta que acaban de comprar ha sido declarada a Hacienda o si, por ejemplo, el código QR es falso.
Esto les permitirá ejercer de chivatos del fisco, porque con solo usar su teléfono móvil, los consumidores de a pie podrán denunciar ante Hacienda si la empresa en cuestión no ha hecho los deberes tributarios con la Administración.
Hacienda cambia de opinión en días
La semana pasada, el Ministerio de Hacienda publicó un vídeo en el que recordaba a todos los afectados los plazos obligatorios para 2026 de giro de 180 grados en sus sistemas facturas. Además, su implantación les obligará también a cambiar de software facturación, con el coste de tiempo y de dinero que eso implica (la AEAT ofrece el suyo gratis, pero muchos empresarios lo consideraban poco operativo, por lo que las empresas que ofrecen Verifactu de pago se han multiplicado en estos meses).
Sin embargo, este martes, el Gobierno ha cambiado de opinión y ha decidido posponer a 2027 la medida. Por tanto, Verifactu ya no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027, si tributan en el Impuesto de Sociedades, y el 1 de julio para el resto.
"Con el Real Decreto-ley se ha decidido efectuar una nueva ampliación del plazo de exigibilidad, algo motivado tanto por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial. Así, se les da mayor margen y plazo para adaptarse al nuevo sistema" señala el Gobierno.
Indignación entre los afectados
La indignación y el desconocimiento de los afectados ante este cambio ha sido total. A pesar de su entrada en vigor de forma inminente, la mayoría de empresas y autónomos todavía no se habían adaptado, lo que les enfrentaba a sanciones.
Los expertos ya venían advirtiendo que, sobre todo para los autónomos, que son los que menos recursos tienen, la implantación de Verifactu iba a ser un "guirigay". Además, otra de las críticas más habituales ha sido el excesivo control del fisco sobre el contribuyente. "No creo que sea bueno que el Estado tenga tanto poder de control sobre los ciudadanos" señalaba hace unos meses el CEO de AIG, Edelmiro González, en una entrevista con Libre Mercado.
Hace unos días también, las patronales de carnicerías, pescaderías y panaderías reclamaban al Gobierno el retraso de Verifactu por los "recursos humanos y económicos" tan "limitados" que tienen las microempresas y autónomos del país.
"Con este nuevo sistema se pretende luchar contra el fraude tributario y la economía sumergida derivados del uso del denominado ‘software de doble uso’. Esta medida desarrolla lo contemplado en Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal y permite dar más seguridad y trazabilidad de la facturación, así como otorgar mayor agilidad y facilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias para pymes y autónomos" defiende Hacienda.