Otro mes más, el Ministerio de Trabajo celebra unos datos de paro que, lejos de reflejar una mejora real, vuelven a ser un ejercicio de funambulismo estadístico. La aparente bajada de 18.805 parados en noviembre no es fruto de un mercado laboral dinámico, sino de dos factores tan recurrentes como preocupantes: el artificio de los fijos-discontinuos —que desaparecen mágicamente de las listas del paro cada vez que quedan inactivos— y el creciente desánimo de quienes, agotados por la falta de oportunidades, abandonan la búsqueda de empleo. El resultado: menos activos y un espejismo estadístico que oculta una realidad mucho más sombría.
Porque la realidad es que España destruyó empleo en noviembre, con 14.358 afiliados menos. Y eso sí es un indicador limpio, sin maquillaje ni trampas metodológicas. De hecho, este noviembre es el segundo peor en cinco años en términos intermensuales. Y si la cifra no es aún más negativa es gracias al impulso de regiones como Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, que compensan parcialmente la caída nacional.
Los contratos tampoco acompañan. Caen un 0,41% interanual y los indefinidos un 1,75%. Pero, más allá del titular, lo grave está en la letra pequeña: casi el 60% de los contratos indefinidos firmados son a tiempo parcial o fijos-discontinuos. Indefinidos, sí, pero precarios y rotos por dentro. Un truco de cartón piedra que permite al Gobierno vender estabilidad donde solo hay intermitencia y bajos ingresos.
Mientras tanto, España sigue encabezando —una vez más— la lista negra de la Unión Europea, con la mayor tasa de paro (10,5%) y el peor desempleo juvenil (25%). Un liderazgo que avergüenza y que, pese al triunfalismo oficial, sigue empeorando. A ello se suma un fenómeno inquietante: el empleo público es el motor casi exclusivo del crecimiento interanual de afiliación. De los nuevos cotizantes, 91.561 pertenecen al sector público, no a la economía productiva. Una dinámica insostenible que agrava el desequilibrio entre gasto creciente e ingresos menguantes.
El Gobierno insiste en culpar a la coyuntura, mientras impulsa medidas como la reducción obligatoria de la jornada que amenazan con asfixiar aún más a las empresas. Pero el problema es estructural: España necesita flexibilidad, incentivos y reglas claras. Lo que tiene es un mercado laboral rígido, caro y lleno de parches. En resumen: menos empleo real, más precariedad y unas estadísticas diseñadas para ocultarlo. El Gobierno celebra; la economía, no. El mercado laboral español no mejora: se debilita detrás del humo y los espejos de Trabajo.