España fue presentada por el Gobierno como el gran triunfador del reparto europeo de los fondos Next Generation. No era para menos: nuestro país fue el segundo mayor beneficiario del programa de recuperación pospandemia y recibió de Bruselas un voto de confianza histórico. Sin embargo, seis años después, ese supuesto éxito ha mutado en una amarga constatación: España será el país que más dinero europeo deje sin ejecutar y, por tanto, la nación que más oportunidades de modernización económica desaproveche.
El dato es demoledor. De los más de 83.000 millones de euros en préstamos asignados, el Gobierno sólo ha solicitado 16.270 millones. El resto —casi 67.000 millones— quedarán sin pedir. Y lo más grave es que esta renuncia no responde únicamente, como argumenta el Ejecutivo, a la "buena marcha de la economía" o a que España se financia en los mercados a tipos más bajos que los préstamos comunitarios. El auténtico motivo es más inquietante: incapacidad administrativa y parálisis política.
El plazo para solicitar los créditos expira en agosto de este año. España no los va a pedir por pura lentitud y por la imposibilidad del Ejecutivo de aprobar las reformas comprometidas. Italia, que sí acudió desde el primer día a los préstamos, ya ha recibido el 80% de todo lo asignado. España, en cambio, acumula hasta siete modificaciones del Plan de Recuperación y es incapaz de cumplir hitos esenciales. Bruselas ya retiró 1.100 millones por no aprobar la subida del diésel ni reducir la temporalidad pública. Esos fondos están perdidos, y la tendencia apunta a más incumplimientos en los próximos meses.
La renuncia a los préstamos implica algo más profundo: significa renunciar a inversiones transformadoras por valor de hasta 60.000 millones de euros. El Gobierno asegura que la nueva adenda permitirá "dar continuidad" a los proyectos más allá de 2026, pero eso es pura retórica. Resulta improbable que el propio Estado acuda a los mercados a financiar decenas de miles de millones para proyectos que ya tenía financiados a coste ultrarreducido por Bruselas.
Mientras tanto, la ejecución se degrada año tras año; proliferan renuncias en las convocatorias por imposibilidad de ejecutar inversiones; los ministerios no conceden los fondos a los proyectos de mayor capacidad de arrastre; y el sistema ha pasado de concurrencia competitiva a adjudicación ad hoc, abriendo la puerta a discrecionalidad y corrupción.
Los Next Generation eran la gran oportunidad de modernizar España. Hoy son el espejo de un Gobierno que ha confundido propaganda con gestión y que, cuando llegue la hora de pagar la fiesta —entre 2028 y 2058—, ya no estará para asumir responsabilidades.