
España afronta 2025 con unas cuentas públicas marcadas por un desequilibrio estructural que ya no responde a coyunturas de crisis, sino a un patrón permanente de gasto creciente. Según un informe del Instituto Juan de Mariana, el país alcanza el simbólico Día de la Deuda en el día de hoy, 9 de diciembre. Hasta esta jornada, los ingresos cubren el gasto público; desde entonces, y hasta el 31 de diciembre, todo el funcionamiento del Estado se financia con deuda.
Detrás de este deterioro hay cifras que ayudan a entender la magnitud del desequilibrio. España cerró 2024 con un déficit de 50.187 millones y una deuda del 101,8 % del PIB, cuando dos décadas antes era del 45,3 %. Ese aumento de más de 56 puntos del PIB es el mayor entre los países grandes de la UE. Alemania mantiene niveles cercanos al 60 %, mientras que Francia, pese a su debilidad fiscal, ha incrementado su deuda en menor proporción que España. Además, el flujo de deuda avanza a ritmos que visualizan el deterioro de forma tangible.
El Reloj de la Deuda del IJM proyecta para 2025 una emisión neta cercana a los 60.000 millones, equivalente a:
– 164 millones de euros de incremento de deuda cada día, o
– 6,8 millones por hora, o
– 114.000 euros por minuto, o
– 1.900 euros por segundo.
Esta velocidad de endeudamiento implica que, cada 24 horas, el país genera el equivalente a la construcción de un hospital mediano o a la recaudación de varios impuestos autonómicos menores. Una dinámica tóxica que arrastramos desde 2007, lo que ha dado lugar a un evidente problema de cronificación del déficit, enquistado ya como algo absolutamente normal y no como un problema puntual.
Un factor central es el desfase de la Seguridad Social. Aunque oficialmente registra un déficit del 0,54 % del PIB, esa cifra oculta transferencias del Estado por cerca de 45.000 millones en 2024. Si se eliminan esas aportaciones, el déficit real asciende a 66.206 millones en términos básicos y a 60.616 millones en el componente estrictamente contributivo. Esto supone que aproximadamente 1 de cada 4 euros del gasto en pensiones no se financia con cotizaciones, sino con deuda.
El Fondo de Reserva, que llegó a tener más de 66.000 millones, apenas acumula 9.400 millones: cifra que permite pagar solo 16 días de nómina de pensiones. Mientras tanto, la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones y el patrimonio neto del sistema es negativo en casi 100.000 millones. Por lo tanto, el modelo de pensiones está en números rojos, se mire como se mire.
Otro punto importante es que el gasto en intereses ya roza los 39.000 millones anuales —2,4 % del PIB— y se espera que se acerque al 3 % del PIB en los próximos años. Esa cifra supera el gasto conjunto anual en vivienda y defensa, y equivale al 82 % de toda la recaudación por Sociedades o a más de una cuarta parte del IRPF. En la jerarquía del gasto, cada euro destinado a intereses compite directamente con la posibilidad de gastar más en otras partidas o devolver más dinero a los contribuyentes.
Aunque durante un tiempo se intentó argumentar lo contrario, los datos acreditan que los ingresos no son el problema. Entre 2019 y 2024 la recaudación pública creció en 127.744 millones, impulsada por fuertes subidas impositivas, aumentos de cotizaciones y mayores bases nominales. En total, el Impuestómetro que también elabora el Instituto Juan de Mariana llegó a contabilizar 97 medidas recaudatorias entre 2018 y 2024. Sin embargo, a pesar de tal incremento de los caudales públicos, el gasto escaló todavía más. Dicho de otro modo: el Estado recauda más que nunca y aun así el déficit persiste porque los dispendios crecen a tasas aún mayores.
La adicción al déficit y la acumulación de deuda implica que cada hogar medio soporta hoy una carga de deuda indirecta cercana a los 90.000 euros. No es una obligación jurídica individual directa, claro está, pero sí una carga económica acumulada que condiciona impuestos futuros, servicios públicos y salarios reales. La deuda de hoy son los impuestos del futuro.
El documento del IJM recalca que, por cada 10 puntos de reducción de deuda, el PIB aumenta alrededor de un 0,87 por ciento. Por lo tanto, llevar el nivel de deuda pública al umbral del 60 por ciento recomendado por las normas de estabilidad fiscal de la Eurozona contribuiría a elevar el tamaño de la economía española en unos 3,63 puntos, lo que equivale a generar 57.739 millones de euros de actividad adicional. Esto supondría un incremento de 1.183 euros en el PIB per cápita o, lo que es lo mismo, una mejora de 2.981 euros por hogar.



