La presidencia danesa del Consejo de la UE ha presentado una propuesta para reformar la Directiva de Impuestos sobre el Tabaco (TED) que incluye un aumento drástico de los impuestos al tabaco calentado. En concreto, la información que ha divulgado Bloomberg apunta que la propuesta eleva el mínimo establecido por kilogramo de 155 € a 360 €, prácticamente duplicando la carga fiscal, e introduce además un umbral obligatorio equivalente al 55 % del precio minorista.
Esta reforma ampliaría el ámbito de la TED para incluir no solo los cigarrillos tradicionales, sino también productos emergentes como tabaco calentado, cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina, que hasta ahora han estado sujetos a regulaciones fiscales diferenciadas, en la medida en que los reguladores han reconocido en ellos una alternativa menos dañina para los consumidores.
El objetivo declarado del cambio que propone el gobierno danés es armonizar la fiscalidad del tabaco en toda la UE, reducir el consumo y avanzar hacia la meta de una "generación libre de tabaco" para 2040, al mismo tiempo que se busca "prevenir el comercio ilegal". Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con reticencia por parte de otros socios de la UE, que advierten que la "armonización" fiscal resultaría equivocada y contraproducente.
Las críticas a la propuesta de Copenhague parten de que la subida impositiva impondría nuevos costes fiscales a una economía renqueante como la europea, con el agravante de que supondría un paso más hacia la temida "armonización fiscal".
Asimismo, la reforma sugerida por el gobierno danés se considera errada por otorgar idéntico trato a productos de distinto riesgo. En la medida en que la subida impositiva tendería a igualar los precios del cigarrillo convencional y sus alternativas, el recurso a este tipo de productos sería menos frecuente y los incentivos económicos se invertirían, reforzando el atractivo relativo del cigarrillo clásico. Por otra parte, un cambio como el que ha sugerido el Ejecutivo del país nórdico animaría el comercio ilegal que, supuestamente, se pretende combatir, puesto que los fumadores tendrían más alicientes para adquirir estos productos fuera del espacio comunitario y así obtener un mejor precio fuera del mercado regulado.
EU Reporter ha informado de la cuestión recalcando que diversas partes conocedoras del proceso han advertido que el nuevo borrador (documento del Consejo 16153/25) "parece haber sido copiado directamente de las propuestas de las ONG que presionan a las instituciones europeas, en lugar de surgir de un consenso debidamente alcanzado tras un debate entre los Estados miembros". Esto ha generado "críticas de falta de transparencia" y rechazo a un anuncio apresurado que se ha lanzado sin el debate político o técnico adecuado.
Citando fuentes diplomáticas, el medio especializado en información de las instituciones comunitarias apunta que la propuesta "desoye los llamados a generar una mayor confianza entre los socios europeos", "divide nuevamente a Europa al poner encima de la mesa una legislación que carece de consenso" y "desoye los derechos de los consumidores y los ciudadanos". Ante esta situación, EU Reporter cuestiona que "la política de salud de la UE esté siendo confiada a las ONG cuyas recomendaciones parecen dominar el proceso legislativo", dejando a un lado otras consideraciones.
En cierto sentido, lo que está pasando en Bruselas recuerda a lo vivido en España durante los últimos meses con los distintos documentos y propuestas que ha venido barajando la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación con el tabaco. Cabe recordar, de hecho, que el contrabando de dicho producto se ha duplicado desde que la titular del ramo empezó a poner encima de la mesa un sinfín de medidas prohibicionistas que han puesto en pie de guerra a la hostelería. Las críticas a la legislación sugerida por Mónica García han llegado también de la CNMC, que considera que los planes de Sanidad "carecen de evidencias empíricas".
A nivel europeo, los planes de García han sido contestados por Suecia y Portugal, así como por Italia, Rumanía y otros socios comunitarios. Esta circunstancia puede repetirse ahora con la propuesta danesa, que obligará a los países miembros a posicionarse ante la subida impositiva que sugiere el gobierno danés.