
Nuevo frente en la batalla abierta por el sector de la generación en España contra el Gobierno. Las asociaciones que agrupan a las empresas cogeneradoras en España, industrias que producen calor para sus procesos industriales y también electricidad, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 917/2025, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre y que regula la producción de energía renovable, cogeneración y residuos.
El sector, que ya calificó en su día esta reforma de "sentencia de muerte", acude ahora a los tribunales por uno de los puntos de la nueva normativa: la que regula las prioridades en el despacho de electricidad y que prioriza a las plantas renovables frente a la cogeneración en un contexto de baja demanda y generación creciente de energía, que provoca de forma cada vez más frecuente precios muy bajos en el mercado mayorista y vertidos.
Los cogeneradores denuncian que el decreto no se ajusta al reglamento europeo, que limita la prioridad de despacho y no establece prioridad alguna, con carácter general, para instalaciones posteriores al 4 de julio de 2019. La normativa española, sin embargo, sitúa en primer lugar a las tecnologías renovables (solar, eólica, hidráulica), luego a la cogeneración y después, el resto.
El sector recuerda que es precisamente desde finales de 2019 cuando la potencia renovable se ha disparado en España. Si a finales de ese año la potencia instalada era de 53.200 MW, ahora es de 101.000 MW, de los cuales 48.000 son fotovoltaicos y 33.000 eólicos. Según sus cálculos, unos 50.000 MW de renovables, la mitad del parque instalado, disfrutaría con la normativa española de una prioridad de despacho que "no le correspondería y condiciona la operación del sistema eléctrico y de la cogeneración industrial".
"Paradas intermitentes" en la industria
Señalan que con cada vez más frecuencia Red Eléctrica "está parando sus plantas en episodios cada vez más frecuentes de elevada generación renovable", unas paradas intermitentes que afectan "a la actividad de industrias químicas, refinerías, papeleras, alimentarias, cerámicas o agrícolas". Recuerdan, además, que la situación se complicará en el futuro según las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima, que prevé una potencia renovable de 160.000 MW para 2030.
La cogeneración, que lleva meses denunciando la asfixia de esta tecnología, fundamental para muchas industrias intensivas en calor, por la dejadez administrativa del Gobierno, afirma que mantener la prioridad renovable en la entrada de la electricidad a la red "condiciona la operación del sistema", provocando desequilibrios, "con graves consecuencias ya visibles y crecientes sobre la seguridad de suministro", en alusión al apagón. El sector, que recuerda que la suya es una energía firme, síncrona y gestionable (usa en su gran mayoría gas natural), señala también el problema de una demanda eléctrica que sigue sin despegar en España: "El consumo anual medio en España es de 29.000 MW y la punta de 40.000 MW, y están aumentando ya hoy los vertidos de generación eléctrica renovable por falta de demanda y saturación en las redes".
"Resulta de sentido común que mantener la producción industrial de España y promover el funcionamiento eficiente, seguro y competitivo de las industrias debería ser, como mínimo, igual de esencial que producir electricidad con fuentes renovables. La prioridad país debería centrarse en preservar la industria que tenemos, evitar nuevos apagones y garantizar el acceso disponible en el sistema eléctrico. Adecuar la prioridad de despacho es un punto imprescindible de inicio de las reformas necesarias", afirma Javier Rodríguez, director general de ACOGEN.

