El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece haber asumido que la gobernabilidad de España sigue suspendida en un bucle temporal. La nueva ministra portavoz, Elma Saiz, ha intentado insuflar optimismo esta mañana al anunciar que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante el primer trimestre de 2026. "Vamos a presentar presupuestos. Será a lo largo del primer trimestre", ha afirmado Saiz en una entrevista en 'La hora de La 1', de TVE.
La ministra ha explicado que, en estos momentos, se están realizando "los trabajos necesarios con la discreción y el perfil bajo" que requiere una negociación "minuciosa" con las diferentes fuerzas políticas.
Pero primero, Saiz ha recordado que el Congreso "tendrá que convalidar en las próximas semanas ese importantísimo escudo social que se aprobó en el último Consejo de Ministros" y ha destacado que el Ejecutivo mantiene su compromiso con las medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables. "Ese es el mensaje", ha recalcado.
Sin embargo, tras la retórica de la "discreción" y el "perfil bajo", subyace una realidad aritmética ineludible: el Palacio de la Moncloa carece hoy de los apoyos necesarios para sacar adelante unas nuevas cuentas, lo que obliga a seguir funcionando con los presupuestos diseñados en 2022.
A falta de una mayoría parlamentaria sólida, el Gobierno se ha visto obligado a estirar hasta el límite el diseño fiscal de la anterior legislatura. De confirmarse la incapacidad de sumar a sus socios de investidura, España se enfrentaría a una anomalía democrática: gestionar la economía de 2026 con un armazón financiero ideado en un contexto post-pandemia totalmente ajeno a la realidad actual de inflación desbocada y presión fiscal récord.
El "escudo social" como cortina de humo
En su intervención en TVE, Saiz ha intentado desviar el foco de la debilidad legislativa hacia la convalidación del "escudo social". Con un tono que apelaba a la "responsabilidad" de la oposición, la ministra ha condicionado el calendario presupuestario a la aprobación previa de estas medidas de emergencia. Para los analistas, este movimiento no es más que una estrategia defensiva: ante la imposibilidad de pactar unas cuentas integrales, el Ejecutivo opta por la política de parches y decretos leyes, fiando la supervivencia de la legislatura a la prórroga sistemática de las cuentas de 2023.
A pesar de que Saiz ha defendido que la vicepresidenta María Jesús Montero "ha hecho su trabajo" y que los PGE están "confeccionados", la realidad es que el proyecto sigue guardado en un cajón ante el temor de una derrota parlamentaria que evidenciaría el fin de ciclo. La mención a un posible salto de Montero a la política andaluza solo refuerza la sensación de provisionalidad en el Ministerio de Hacienda, el corazón desde donde deberían bombearse unas cuentas que hoy parecen una quimera.
Pensiones y propaganda frente a la parálisis
Para compensar la parálisis legislativa, la portavoz se ha aferrado a la revalorización de las pensiones y a las previsiones de crecimiento del PIB (situado en el 2,9% para 2025). No obstante, el triunfalismo gubernamental choca con la realidad del contribuyente. Mientras el Estado presume de "justicia económica" y de ser un "faro internacional", la negativa a deflactar el IRPF y el mantenimiento de una estructura de gasto diseñada hace tres años están asfixiando a las rentas medias.
El Gobierno insiste en que "queda mucho por hacer", pero la aritmética parlamentaria sugiere que queda muy poco por aprobar. Sin una mayoría que respalde el gasto de 2026, el Ejecutivo de Sánchez se encamina a una legislatura de subsistencia, gobernando por inercia con unos Presupuestos —los de 2023— que ya han sido superados por la realidad social y económica de una España que exige una gestión actualizada y no una prórroga perpetua.