La devastación venezolana no es un eslogan político ni una exageración retórica. Es un colapso medible, cuantificable y documentado, sin precedentes en un país que no haya sufrido una guerra abierta. En apenas una década, Venezuela ha pasado de ser una de las economías más prósperas de América Latina a convertirse en un ejemplo extremo de empobrecimiento masivo, destrucción institucional y autoritarismo político.
El desplome comienza por el tamaño mismo de la economía. Entre 2014 y 2021, el Producto Interior Bruto de Venezuela se contrajo en torno a un 75%. Es decir, el país perdió tres cuartas partes de su capacidad productiva en solo siete años. Pocas economías del mundo han registrado una caída de esta magnitud fuera de contextos bélicos. El país que durante décadas vivió del petróleo vio desaparecer industria, comercio, inversión y empleo de forma simultánea.
A ese derrumbe productivo se sumó uno de los procesos hiperinflacionarios más extremos de la historia contemporánea. Según datos oficiales del Banco Central de Venezuela, la inflación anual alcanzó el 274% en 2016, el 863% en 2017, el 130.060% en 2018, el 9.585% en 2019, el 2.959% en 2020 y el 686% en 2021. El efecto acumulado de estas cifras es devastador: entre 2016 y 2021, el nivel general de precios se multiplicó por más de 1.090 millones. Dicho de otro modo, lo que costaba 1 bolívar pasó a costar más de mil millones. El dinero dejó de cumplir su función básica y el salario real quedó completamente aniquilado.
El impacto sobre el nivel de vida fue inmediato. Distintos estudios de reconstrucción histórica del PIB per cápita real muestran que Venezuela retrocedió a niveles de renta comparables a los de mediados del siglo XX, en torno a los años cuarenta. No se trata de volver diez o veinte años atrás, sino de un salto regresivo de varias generaciones. El país que fue receptor de inmigrantes se convirtió en un exportador masivo de pobreza.
Ese empobrecimiento tuvo una traducción física. En 2017, en pleno colapso alimentario, los venezolanos declararon una pérdida media de peso cercana a los 11 kilos. No fue una dieta voluntaria ni un cambio de hábitos saludables, sino hambre. La escasez, la inflación y la destrucción del salario empujaron a millones de familias a reducir drásticamente su ingesta calórica.
Pobreza rampante
Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), correspondiente a 2024, más del 56% de los hogares venezolanos viven en situación de pobreza multidimensional. Esto implica carencias simultáneas en ingresos, alimentación, servicios básicos, educación y acceso a derechos fundamentales. La fragilidad del sistema hace que cualquier shock político o económico vuelva a empujar a millones de personas a la miseria extrema.
La consecuencia inevitable de este colapso fue el éxodo. Hasta 2025, cerca de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país, según estimaciones de ACNUR y datos oficiales de los países receptores. Es una de las mayores crisis migratorias del planeta, comparable a las provocadas por conflictos armados. Venezuela se vació de trabajadores, profesionales, jóvenes y familias enteras, dejando tras de sí una sociedad envejecida y dependiente.
Parte esencial de esta ruina fue la demolición del derecho de propiedad. Entre 2005 y 2011, el Estado venezolano ejecutó al menos 1.167 expropiaciones, según el Observatorio de Propiedad de CEDICE. A ello se sumaron ocupaciones, intervenciones y confiscaciones de facto en años posteriores. El mensaje fue claro: invertir en Venezuela implicaba un riesgo político absoluto. La inversión privada desapareció y el Estado fue incapaz de sustituirla con una gestión eficiente.
Autoritarismo
El colapso económico vino acompañado de una deriva represiva cada vez más evidente. A 1 de diciembre de 2025, la ONG Foro Penal contabilizaba 887 presos políticos en Venezuela, incluidos casos de desaparición forzada de corta duración. La represión se convirtió en un instrumento habitual para contener la disidencia sindical, política o social.
Ese control autoritario alcanzó su punto culminante en el ámbito electoral. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueron denunciadas a nivel internacional como fraudulentas. Observadores independientes y organismos internacionales señalaron que el proceso no cumplió los estándares mínimos de integridad electoral. El Centro Carter concluyó que los comicios no podían considerarse democráticos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó un patrón de represión y violaciones de derechos humanos asociadas al proceso.
La ruina venezolana no es el resultado de un accidente, ni de sanciones externas, ni de una mala racha coyuntural. Es la consecuencia lógica de un modelo basado en la destrucción de incentivos, el desprecio por la propiedad privada, la manipulación monetaria y el cierre autoritario del sistema político. Las cifras no dejan lugar a dudas: Venezuela no solo empobreció; fue deliberadamente destruida.