Hace unos días, Jesús Fernández-Villaverde publicaba un interesantísimo (y polémico) documento sobre el modelo de pensiones: "Pensiones contributivas: Cuando la TIR no cuadra". No es el primero que lo hace (ni será el último) pero la claridad del análisis y lo llamativo de las conclusiones hacen que destaque sobre intentos similares. Básicamente, lo que hace es plantearse cuál es la pensión que puede afrontar el sistema contributivo español en términos financieros. Es decir, intenta alejarse del debate político o, incluso, moral que es habitual en nuestro país en este punto.
Y se pregunta, casi como lo haría una compañía de seguros (pues eso, un seguro, es lo que se supone que es la Seguridad Social), qué pensiones deben recibir los jubilados en función de lo que aportaron vía cotizaciones.
Como decimos, el punto de partida es relativamente sencillo de comprender. Si uno contrata una renta vitalicia en una compañía de seguros, la mensualidad que ésta le pague dependerá de: (1) lo aportado; (2) la rentabilidad obtenida por esos ahorros durante el período de aportación; (3) la esperanza de vida en el momento en que comenzamos a cobrar la prestación.
A partir de aquí, si uno mira la Seguridad Social en un esquema similar, la lógica nos dice que la pensión de jubilación debería depender de lo abonado vía cotizaciones a lo largo de nuestra vida laboral. Y la rentabilidad que esas cotizaciones hayan generado. ¿Cómo medir esa rentabilidad que en realidad no existe, porque los fondos ya se han gastado en las pensiones de otros? Parece lógico (y, como apunta Fernández-Villaverde es lo que han hecho los expertos desde hace décadas) sustituir rentabilidad de los activos financieros por la tasa de crecimiento total de las cotizaciones.
Esto es consistente desde un punto de vista financiero: las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales.
Y también podríamos plantear un discurso de justicia político-social: algo así como que los trabajadores ayudan durante su carrera laboral a que el país crezca; ese crecimiento tiene su reflejo en la evolución de las cotizaciones sociales; y, por lo tanto, esa es la recompensa que pueden obtener una vez jubilados. Es verdad que hay un punto que escapa en cierto sentido del control de los trabajadores y que es muy importante en cualquier sistema de reparto (la demografía), pero más o menos todos podemos estar de acuerdo intuitivamente en que un modelo que igualase la rentabilidad de las cotizaciones generadas a la pensión cobrada con estas reglas sería justo y sostenible.
Para sus cálculos, utiliza la TIR (Tasa Interna de Retorno). De nuevo, un clásico entre los financieros, que usan este indicador para medir la rentabilidad esperada de los activos. En el supuesto que nos ocupa, la TIR del sistema de pensiones dependerá del crecimiento del número de trabajadores y del crecimiento de sus salarios (en realidad, de las cotizaciones sociales que se cobran a esos salarios):
"Para que un sistema público de pensiones contributivas de reparto sea sostenible a lo largo del tiempo, el valor presente descontado de las pensiones que recibe un trabajador ha de ser igual al valor presente descontado de las cotizaciones que paga, donde la tasa de descuento debe coincidir con la TIR del sistema, determinada por el crecimiento del número de trabajadores y de las cotizaciones sociales por trabajador".
Primer problema: en España esto no se cumple. Y por mucho.
"El sistema presenta una TIR real implícita situada entre el 3,5 % y el 3,6 %, frente a una tasa de crecimiento de sus ingresos en el largo plazo que, razonablemente, se sitúa entre el 1,4 % y el 2 %, con lo que tenemos una brecha de sostenibilidad de entre 1,5 % y 2,2 %
En estos momentos el valor presente descontado de las pensiones contributivas es entre un 45 % y un 60 % más alto que el valor presente de las cotizaciones contributivas porque la TIR anual del sistema es entre 1,5 % y 2,2 % más alta que la tasa de descuento sostenible".
¿Qué hacer?
Hasta aquí, los datos. Y son consistentes con todos los cálculos que se han hecho sobre este asunto. Casi todos los expertos que han analizado la rentabilidad del sistema de pensiones español en términos financieros han llegado a la misma conclusión. En ocasiones se plantea en términos de rentabilidad y en otros se compara con el período de cobro (por ejemplo, cuando se dice que un jubilado agota sus aportaciones a los 12 años de comenzar a cobrar la pensión). En realidad, es lo mismo: los actuales pensionistas españoles han cotizado menos de lo que están cobrando.
¿Soluciones? Pues solo con la formulación del problema se ve que son pocas y complicadas. El propio Fernández-Villaverde apunta que la mejor sería una mejora de la productividad que disparase el salario y la cotización media. También es la que parece más alejada, por la magnitud que sería necesario y por lo visto en las últimas décadas. Por el lado de la población, también se intuye complejo: "Para que fuera cuantitativamente relevante, habría que hablar de flujos migratorios superiores al millón de personas al año". Inmanejable (y eso sin entrar en qué tipo de inmigración, acceso al empleo, salarios de estos inmigrantes…)
Queda la obvia: reducir la TIR. ¿Cómo? Subiendo cotizaciones (bajaría la TIR de los actuales trabajadores) o recortando pensiones. Ninguna de las dos parece sencilla.
La realidad
De hecho, ni siquiera sería necesario un escenario que implique recortar a los actuales jubilados lo suficiente como para llevar su TIR a un nivel sostenible. Es evidente que esto sería imposible desde un punto de vista político. La realidad es que no se ha podido aprobar ni un ajuste menor (por ejemplo, una revalorización anual unas décimas por debajo del IPC que reduzca algo la tensión sobre el sistema).
Otra opción es alargar la edad de jubilación. Una forma de hacer más equilibrado el sistema: cotizas más años y cobras menos, pero no lo ves en la mensualidad, sino en el período como jubilado. Parece que esta alternativa es menos dolorosa (en España, porque en Francia esto es lo que tiene en pie de guerra a los sindicatos desde hace años).
Por supuesto, veremos un endurecimiento progresivo en las condiciones de acceso al sistema (años para el cálculo de la base, años para cobrar el 100% de la base…). Una forma indirecta de reducir la TIR haciendo que la primera pensión sea más baja.
Y por último, la que, en la práctica, es la principal decisión: inyectar dinero desde fuera al sistema. Es decir, que los Presupuestos Generales se hagan cargo de lo que las cotizaciones no alcanzan a cubrir. Con nuevas aportaciones del Estado y nuevos impuestos (como los tres de la reforma de 2023). ¿Sostenible? Mientras el contribuyente pague.
Eso sí, como dice Fernández-Villaverde, con coste de oportunidad: cada euro que mandas del presupuesto es un euro que no se destina a otra partida o que tienes que cobrar vía impuestos. Eso también es matemática pura, aunque nuestros políticos nunca se plantean estas cuentas.