Bajo el rimbombante nombre de Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado un sistema de transferencia de rentas que, lejos de equilibrar las cuentas públicas, está dinamitando el poder adquisitivo de la clase trabajadora española. Lo que el exministro y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, presentó como una herramienta de solidaridad, se ha revelado como un impuesto al empleo puro y duro que castiga el esfuerzo y la productividad.
Los datos son demoledores. Desde la activación de este gravamen en 2022, la presión fiscal que soportan directamente los trabajadores —sumando cotizaciones e IRPF— se ha disparado un 11,3%. Mientras el Gobierno se jacta de sus políticas sociales, la realidad aritmética muestra que el salario neto de los ciudadanos ha caído un 2,7%. En términos llanos: trabajar hoy en España rinde menos que hace tres años. El Estado se queda con una porción cada vez mayor del pastel, dejando las migajas para quienes levantan el país cada mañana.
El truco de ingeniería financiera del Ejecutivo es perverso. Al elevar las cotizaciones a través del MEI, obligan a las empresas a realizar ajustes salariales a la baja para poder subsistir. Aunque el coste salarial por trabajador ha descendido un 0,9%, las cotizaciones a cargo de la empresa han subido un 1,2%. España ya es uno de los países de la OCDE que más carga a los empleadores, y esta nueva vuelta de tuerca solo asfixia la creación de empleo y fomenta la precariedad.
Lo más alarmante es la evidente injusticia retributiva que este modelo perpetúa. Según estudios de Fedea, los pensionistas actuales perciben un 62% más de lo que aportaron durante su vida laboral. Mientras se garantiza la revalorización de las pensiones, se impone una rebaja salarial de facto a los jóvenes y trabajadores en activo mediante costes adicionales. Estamos ante un "saqueo fiscal" que, según los cálculos más recientes, supone que cada español paga casi 6.000 euros más en 2024 que al inicio de la era Sánchez.
El MEI no es equidad; es un parche recaudatorio que no revierte el déficit del sistema y que ensancha una brecha generacional insostenible. Si el éxito de una política económica se mide por la prosperidad de sus trabajadores, el balance de este mecanismo es un rotundo fracaso: más recaudación para el Estado, pero menos dinero en el bolsillo de quien trabaja.