La reciente derrota parlamentaria del Gobierno, que ha visto cómo el bloque formado por PP, Vox y Junts tumbaba su último "decreto ómnibus", no es solo un revés numérico; es la constatación del agotamiento de una forma de legislar que bordea el desprecio democrático. Bajo el pretexto de la urgencia y el "escudo social", el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a incurrir en un vicio político que ya es marca de la casa: el chantaje legislativo mediante el uso y abuso del Real Decreto Ley.
Resulta éticamente cuestionable —y políticamente torpe— que Moncloa pretenda empaquetar en un mismo texto legal medidas de consenso absoluto, como la revalorización de las pensiones de 13 millones de españoles, con iniciativas profundamente polémicas y cargadas de ideología, como es el blindaje a la ocupación ilegal bajo el eufemismo de "protección a colectivos vulnerables". Al mezclar la justicia social de nuestros mayores con la prórroga de una moratoria de desahucios que, en la práctica, traslada a los propietarios privados una responsabilidad que corresponde al Estado, el Gobierno no está protegiendo a los ciudadanos; los está utilizando como escudos humanos.
El mensaje que se envía desde el Consejo de Ministros es nítido y peligroso: "Si quieres que el abuelo cobre su pensión actualizada, tienes que aceptar que el okupa de al lado sea inexpugnable". Es una política de "lentejas" impropia de una democracia parlamentaria sana. El Gobierno se empeña en ignorar que la soberanía reside en las Cortes, donde la oposición tiene no solo el derecho, sino el deber, de separar el grano de la paja.
Sin embargo, lo más preocupante no es el contenido tóxico de estas "macedonias" legislativas, sino la reacción ante el fracaso. Tras el rechazo en el Congreso, el Ejecutivo ha anunciado su intención de volver a presentar el decreto "íntegro", sin mover una sola coma. Este empecinamiento revela una preocupante incapacidad para el diálogo y una soberbia institucional que prefiere el choque de trenes antes que la negociación constructiva.
Gobernar a base de decretazos ómnibus es una anomalía que hurta el debate pausado y la capacidad de enmienda. Utilizar las pensiones como moneda de cambio para colar agendas sectoriales no es solo un abuso de derecho; es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos y a la función de control del Legislativo. Si el Gobierno quiere proteger las pensiones, que presente un decreto exclusivo para ello; si quiere proteger la vivienda, que legisle con valentía y presupuesto público, no a costa del derecho a la propiedad. Todo lo demás es, sencillamente, propaganda y trilerismo parlamentario.