Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su ministro de Economía Carlos Cuerpo se empeñan en repetir hasta la saciedad que España va como un tiro en lo económico, lo cierto es que nuestro país atraviesa una etapa de "decadencia económica" marcada por un empobrecimiento sistemático de sus ciudadanos. Bajo el actual Ejecutivo, la inflación no solo se ha convertido en un fenómeno enquistado que triplica los registros de mandatos anteriores —con una subida acumulada del 24,2% frente al 7,2% de la etapa de Mariano Rajoy—, sino que ha sido utilizada de forma torticera como una herramienta de recaudación encubierta.
El mecanismo es tan eficaz como desleal: la "progresividad en frío". Al no deflactar los tramos del IRPF ni actualizar unos mínimos personales y familiares que permanecen congelados desde 2007, el Gobierno ha permitido que la inflación empuje a los trabajadores a tipos impositivos más altos sin que su poder adquisitivo real haya mejorado. Es, en toda regla, una subida de impuestos por la puerta de atrás que evita el debate parlamentario y confisca directamente el esfuerzo de las familias.
Los datos son demoledores. Un contribuyente con un salario medio de 30.000 euros paga hoy 800 euros más de IRPF que si se hubieran indexado los tramos a la inflación. Paradójicamente, el castigo es mayor para quienes la retórica oficial dice proteger: los hogares con hijos y las rentas medias-bajas. Un matrimonio con dos hijos pierde hasta 1.179 euros anuales por esta falta de actualización, sufriendo una erosión real de su salario neto cercana al 4%.
Esta voracidad fiscal se alimenta de un gasto público desbocado que desplaza al sector privado y genera mercados menos competitivos. Mientras el Gobierno presume de políticas redistributivas, la realidad es un patrón regresivo donde los más pobres soportan una inflación mayor (3,8%) que los más ricos (3,2%), debido al peso de bienes básicos como los alimentos —que han subido un 41% desde 2018— o la vivienda.
España lidera hoy el Índice de Miseria en la Unión Europea si se elimina el maquillaje estadístico del paro. El resultado es un país donde ahorrar carece de premio —el 80% del incremento nominal de los depósitos ha sido devorado por el IPC— y donde el Estado se enriquece a costa de la depauperación de sus ciudadanos. Es hora de denunciar un modelo que utiliza la inflación "dopada" por el gasto como un motor de extracción de rentas, condenando a los españoles a una pérdida de prosperidad sin precedentes.