La reforma que hizo el Gobierno sobre las pensiones fue, como ya dije en estas páginas, un despropósito, pues fía todo a una subida infinita de las cotizaciones a la Seguridad Social, que asfixia, vía incremento de costes, a las empresas y a los trabajadores, que puede conllevar una importante destrucción de empleo.
Para este año, 2026, el Gobierno volvió a incrementar la subida de la base máxima de cotización, que incrementó en un 3,9%, mientras que la pensión máxima subió un 2,7%, debido a que la base máxima la incrementa según la inflación más 1,2 puntos, hecho que lleva a que la brecha, cada año, se agrandará más, de mantenerse dicha forma de cálculo. Esta subida de las bases máximas –cualquier día proponen el destope completo, lo que sería ya el acabose–es una estafa por varias razones.
Es un gran error. En primer lugar, porque con ello no se soluciona el problema de las pensiones, que requiere de una reforma estructural profunda, sino que supone una medida que no solo no servirá de nada, sino que será contraproducente y terminará, por la caída del empleo, agrandando el agujero de la Seguridad Social. Además, aunque recaudase la cifra de 1.100 millones de euros más al año por la subida de las bases máximas que estimaron cuando elaboraron la propuesta inicial de subida, no compensan el incremento de déficit anual de la Seguridad Social, de alrededor de 1.500 millones, incremento de déficit, que el Gobierno ya reconoció en el pasado a Bruselas.
El colapso del sistema
Por tanto, no solo no enjugará el déficit de la Seguridad Social, sino que mantendrá moribundo el sistema, enquistando el problema. La previsión de un incremento creciente del gasto de la Seguridad Social, motivado por el aumento del efecto sustitución de los salarios, el aumento del número de pensionistas y el IPC, elevará el déficit de la Seguridad Social, dando un paso más hacia el colapso del sistema.
En segundo lugar, porque el incremento de las bases máximas de cotización –así como del salario mínimo- destruirá actividad económica y empleo. La AIReF estimó que solo el incremento de las bases máximas de cotización puede suponer un frenazo a la economía de una décima de PIB y de cerca de 40.000 puestos de trabajo. Con ello, una vez que se pase el efecto inflación sobre la recaudación, esta caerá, tanto en IRPF, como en impuestos indirectos, como en cotizaciones a la Seguridad Social, con lo que, en lugar de paliar el déficit, se incrementará sobre la base de un país empobrecido. Recordemos que las cotizaciones a la Seguridad Social suponen casi un 40% más del salario del trabajador, de manera que un mileurista, para llevarse 1.000 euros netos a su casa al mes, ha de generar un valor con su trabajo que compense casi el doble del salario, que es el coste para la empresa. Si las cotizaciones aumentan, el desfase será mayor, el coste, superior y la contratación será menor.
Y en tercer lugar, porque ya es escandaloso que los profesionales que tienen la base máxima de cotización coticen por más de 5.000 euros (5.101,20) y puedan llegar a conseguir una pensión máxima, de solo 3.919,53 euros en doce pagas (3.359,6 euros en catorce), es decir, 1.200 euros menos que el importe por el que cotizan, cuando hace seis años la diferencia era de 900. Solo de 2025 a 2026 la brecha se ha agrandado en 100 euros.
Eso supone un claro fraude a los contribuyentes y trabajadores que cotizan por la base máxima, puesto que todavía verán cómo la diferencia entre lo que cotizan y lo que recibirán como pensión es mayor, al subir la base y no moverse la pensión, casi, de manera que el sistema de reparto se convierte en menos contributivo todavía, en un claro desincentivo al trabajo.
Y adicionalmente, el Gobierno vuelve a subir las cotizaciones a la Seguridad Social con su llamada "cuota de solidaridad", que no devenga derechos, dentro de su plan equivocado de saneamiento de la Seguridad Social, que no mejora su viabilidad, sino que la compromete.
En 2026 la cuota de solidaridad será del 1,15% para la parte del salario que supere en hasta un 10% la base máxima; del 1,25% para la parte del salario que se sitúe entre el 10% adicional de la base y el 50%, y un 1,46% para el tramo de salario que exceda la base máxima en más de un 50%. Todo ello, sin devengar derechos, impuesto puro y duro.
Las cotizaciones a la Seguridad Social no son un impuesto formalmente, pero actúan realmente como tal, al suponer un porcentaje superior al 30% que se aplica sobre la base de cotización, que es igual que decir que se aplica sobre el sueldo de los trabajadores hasta llegar a la base máxima de cotización. Por tanto, es un sobrecoste que han de asumir las empresas como coste y los trabajadores como menores ingresos, que en la parte que paga directamente la empresa por cuenta del trabajador ni siquiera perciben, puesto que no aparece reflejado en sus nóminas.
Este sucedáneo de impuesto, que grava más de un 30% el trabajo, supone un freno al empleo y un incentivo a la economía sumergida, pues muchas empresas no contratarán -o despedirán- al no poder soportar ese incremento de costes. Paralelamente, muchas personas, las más débiles laboralmente, se verán empujadas hacia la economía sumergida, que es una lacra que hay que erradicar, pero que se incentiva indirectamente con este tipo de medidas, como la subida del salario mínimo que pretenden llevar a cabo de nuevo, que incrementa la cotización más baja.
Subir las cotizaciones supone un encarecimiento adicional y actúa de freno a la actividad y al empleo. Este afán confiscatorio hiere a la economía y empeorará nuestra competitividad y, con ello, la economía y la generación de puestos de trabajo.
Por último, todos estos incrementos de impuestos harán que la economía sumergida aumente, el fraude se dispare, caiga la actividad económica y aumente el paro, con lo que la recaudación no subirá, sino que bajará, y el gasto se incrementará más, por mayor pago de prestaciones por desempleo.
El aumento exponencial de las bases máximas es nocivo, además de ser una auténtica estafa para muchísimos trabajadores y cotizantes, a los que, una vez más, la izquierda pretende dar gato por liebre al grito de igualdad y solidaridad, cuando lo único que traerán será injusticia, paro y pobreza.
La Seguridad Social tiene un problema que no se soluciona con este tipo de parches, que, además, perjudican, sino con reformas profundas, creíbles, duraderas, que la hagan sostenible, justo lo contrario de la política aplicada por el Gobierno, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, que actuarialmente está quebrado.
Se requiere, por tanto, una reforma profunda del sistema, no un sistema confiscatorio que pone en riesgo tanto las prestaciones como el empleo, debido a la cuña fiscal que tiene España con respecto a la media de la OCDE, una diferencia que en los últimos cinco años no deja de crecer, acercándose ya en España al 41%, casi seis puntos más que la media de la OCDE, según los últimos datos disponibles.
De ese 40,6%, 28,4 puntos se debe a las cotizaciones a la Seguridad Social (5 puntos directamente soportados por el trabajador y 23,4 puntos soportados por la empresa directamente e indirectamente por el trabajador, porque de su valor añadido sale ese pago). La diferencia con la OCDE es abrumadora, pues en total, en la OCDE están las cotizaciones sociales casi siete puntos por debajo de las de España (21,5%).
Y si el análisis es en la parte de cotizaciones que paga directamente la empresa, la diferencia es de diez puntos:
Todo ello, solo consigue empeorar estructuralmente la economía y el mercado laboral españoles. La Seguridad Social tiene un problema que no se soluciona con este tipo de parches, que, además, perjudican, sino con reformas profundas, creíbles, duraderas, que la hagan sostenible, justo lo contrario de la política aplicada por el Gobierno, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, que actuarialmente está quebrado, y que merman las capacidades de la economía y el empleo en España.