Yolanda Díaz continúa su plan para dar más poder a los sindicatos en las empresas españolas. El pasado lunes, la ministra de Trabajo presentó el informe que su "Comisión de Expertos sobre Democracia en el Trabajo" ha elaborado sobre este y otros asuntos del ámbito empresarial.
A partir de ahora, la líder de Sumar abrirá una mesa de diálogo con los "agentes sociales" para convertir en Ley las recomendaciones de estos "expertos" que eligió su propio departamento. Una de las ideas más repetidas en este extenso documento de casi 500 páginas es la facilitación "del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".
Los autores del texto promueven la colonización de las empresas españolas forzando a las compañías a poner a disposición de los trabajadores o sindicatos parte de su capital.
Imposiciones en el capital
Así, "en las empresas con entre 25 y 1.000 empleados, más del 2% de las acciones deben ser propiedad y/o estar gestionadas por quienes trabajan (a través de un fideicomiso u otro vehículo adecuado); en las empresas con más de 1.000 empleados, más del 10% de las acciones deben ser propiedad y/o estar gestionadas por los trabajadores y las trabajadoras".
Además, los "expertos" de Yolanda Díaz también quieren imponer la presencia de los sindicatos en los consejos de administración de las compañías privadas para que participen en su toma de decisiones.
Imposiciones en los consejos
La "introducción de trabajadores y trabajadoras en los consejos de administración" tendrá unos "umbrales legales mínimos basados en el tamaño de la plantilla". Para las empresas con entre 50 y 1.000 empleados, "un tercio de los puestos en el consejo se asignará a los representantes de las personas que trabajan". Para las empresas con más de 1.000 empleados, la mitad de los puestos.
"Las empresas podrán elegir, mediante convenio colectivo, entre tres opciones para organizar esta representación: incluir a los representantes de quienes trabajan directamente en el consejo existente, de manera independiente al comité de empresa; otorgar al comité de empresa el peso de voto correspondiente junto al peso otorgado al consejo; o incluir en el consejo existente el mismo número de personas trabajadoras ya representados en el comité de empresa, lo que implica que estos trabajadores y trabajadoras tendrán un doble nombramiento", señalan. Por tanto, aunque al principio los llaman trabajadores, están hablando de sindicatos.
Castigos y premios a los empresarios
Para lograr que las empresas cumplan con su mandato, los "expertos" de la ministra de Trabajo recomiendan otorgar una calificación a cada compañía, según la parte de su capital y de su espacio en el consejo que cedan a sus trabajadores y sindicatos.
Las notas máximas serían, por un lado, para la "empresa en la que quienes trabajan poseen todos los derechos de voto en el consejo de administración (también conocida como cooperativa de trabajadores y trabajadoras o sociedad laboral)", y por otro, para las que "más del 50% de las acciones son propiedad y/o están administradas por quienes trabajan, y el resto es propiedad y/o está administrado por quienes trabajan o por propietarios administradores".
Cada empresa recibirá una calificación "que situará sus logros" a lo largo de estas dos escalas y así se formará el "Índice de Desarrollo Democrático Corporativo", que se utilizará posteriormente en un "mecanismo de incentivos tipo bonus/malus, diseñado para recompensar niveles mayores de acceso a la participación y la propiedad (y desincentivar niveles más bajos)" explica el documento.
La nota de Trabajo condicionará el acceso a subvenciones y otros beneficios empresariales. "Este índice guiará un marco político que movilizará subsidios públicos, tipos impositivos corporativos, beneficios fiscales, acceso privilegiado a la contratación pública, etc., para incentivar un mayor progreso, alentando a las empresas menos democráticas del país a transformar sus estructuras organizativas" explican.