Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, hablamos, otra vez, de inmigración, fiscalidad, pensiones, demografía... Sí, es el debate del año. Y, además, el reciente anuncio de una regularización masiva ha reabierto la cuestión de la sostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico. En esta ocasión, Nuria Richart y Domingo Soriano no están solos. Les acompaña otro polemista de primer nivel, José García Domínguez, columnista desde hace más de una década en Libertad Digital.
Frente al discurso oficial que presenta la llegada de mano de obra no cualificada como una solución para el sistema de pensiones y las cuentas públicas, la realidad de los datos proyecta un escenario de tensión fiscal sin precedentes. La estructura presupuestaria y tributaria de las naciones europeas, inmersas en un proceso de desindustrialización, ya no demanda de forma masiva trabajadores de baja cualificación. En esta situación, la pregunta es: ¿deberíamos seguir atrayendo inmigrantes? ¿Tiene algún sentido económico? García Domínguez lo tiene muy claro: "¿Necesita la economía española inmigrantes o no? Mi respuesta es no. Una economía que no tiene industria es una economía que no necesita mano de obra no cualificada de forma masiva. ¿Quién contrata los inmigrantes? El sector premoderno de la economía. En esa gran coalición está la izquierda, la Iglesia Católica y la tercera pata es el empresariado más ineficiente que tenemos en España... el core de su negocio son los salarios bajos".
Pero nos dicen que los recién llegados son necesarios para pagar las pensiones. Aquí también su diagnóstico es muy diferente al discurso oficial: "Sus salarios son tan bajos que sus retenciones fiscales no cubren ni de lejos el coste fiscal que suponen para el Estado. Eso es insostenible en términos tributarios a corto y a largo plazo. No es que tensionen el Estado del bienestar, es que acaban con él. Nos dicen que los trabajadores pobres financian a Ana Patricia Botín en el estado del bienestar, es una cosa tan idiota, tan absurda... un insulto a la inteligencia tan obsceno".
Es evidente que es muy complicado creer que, en un sistema de carácter redistributivo, donde los servicios públicos se financian mediante una escala de ingresos, la incorporación de grandes contingentes de población a los deciles más bajos de renta va a sostener el saldo presupuestario. En realidad, estas personas, que reciben salarios que apenas cubren el coste de los servicios educativos, sanitarios y sociales que consumen, se convierten en su mayoría en receptores netos de ayudas y servicios públicos. Esta situación, lejos de salvar el estado del bienestar, acelera su deterioro al degradar la calidad de los servicios públicos, y puede terminar expulsando a las clases medias hacia los servicios privados (pagan doble: impuestos y cuota del proveedor del servicio).
Salarios y vivienda
Por otro lado, un análisis de la oferta y la demanda de trabajo revela que la entrada constante de mano de obra dispuesta a aceptar remuneraciones mínimas ejerce una presión a la baja sobre los salarios de los sectores de menor cualificación. Este fenómeno se observa con claridad en regiones con alta dependencia del sector servicios y el turismo, donde el aumento de la actividad no se traduce en una mayor riqueza per cápita para el ciudadano local, sino en un empobrecimiento relativo y un estancamiento salarial crónico. Por eso, García Domínguez rompe con otro tópico: "España no necesita crear empleo, España crea demasiado empleo. Lo que hay que hacer es destruir empleo de mala calidad. ¿Qué sentido tiene que crees en un chiringuito de playa un empleo para un inmigrante de Bangladesh que va a cobrar el salario mínimo?". Y lanza una advertencia: está claro que PSOE y PP no parecen muy cómodos con un discurso anti-inmigratorio. Pero las propuestas de VOX, en su opinión, tampoco detendrían el fenómeno: "Lo que propone Vox en su programa económico es aumentar el número de inmigrantes que llegan a España. Propone la reducción del coste del despido y suprimir el salario mínimo: eso va a ser un catalizador para que siga acelerándose la reducción de los salarios".
A esta realidad se suma el impacto en el mercado de la vivienda. La llegada anual de cientos de miles de personas genera una demanda que la oferta constructiva nacional es incapaz de absorber, disparando los precios de los alquileres y la compra de inmuebles. El resultado para el trabajador es un doble castigo: percibe ingresos más reducidos debido a la competencia laboral y debe destinar una parte mayor de su renta a sufragar la vivienda.
Por último, queda el problema de la integración. Tampoco parece que por ahí la situación sea la que nos cuenta el discurso oficial: "No estamos creando sociedades multiculturales en España, estamos creando comunidades guetificadas. Barcelona es una ciudad de guetos. El sincretismo cultural es muy complicado. En el mundo real del inmigrante pobre no se produce el fenómeno de la integración".