Enésimo varapalo en el Congreso de los Diputados del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo volvió a fracasar ayer jueves en su intento de prorrogar el decreto antidesahucios que está en vigor desde el año 2020.
Desde que se desatara la trágica pandemia del coronavirus, el Ejecutivo tiene prohibidos los desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables". Esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha supuesto el secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. La intención del Gobierno era seguir alargando la agonía de los caseros, al menos, durante todo 2026.
Usando la misma treta que en 2025, Sánchez intentó el pasado mes de enero colar esta medida en un decreto ómnibus en el que volvía a mezclar asuntos que nada tienen que ver con los desahucios, como es la revalorización de las pensiones. Sin embargo, PP y Junts no cayeron en la trampa: votaron en contra del texto propiciando una nueva derrota parlamentaria de Sánchez y... una pequeña victoria para los dueños de vivienda.
Otra derrota de Sánchez
Y es que, en 2025, Sánchez logró convencer a Junts de aprobar su texto en solitario en una segunda vuelta prometiendo "compensaciones" a los propietarios que han resultado un fiasco. Pero esta vez no lo ha conseguido.
Sánchez ha planteado este jueves en el Congreso prorrogar hasta final de año la suspensión de desahucios para "hogares vulnerables sin alternativa habitacional" con la excepción de que, si sus dueños son "propietarios de una o dos casas", sí podrán emprender los trámites legales necesarios para recuperar su propiedad. Esta decisión, que supone una discriminación de unos propietarios frente a otros, no ha logrado convencer a Junts, que junto a los votos de PP y Vox han tumbado la norma.
Durante todos estos años de calvario por el decreto antidesahucios, una de las asociaciones de afectados que más ha velado por los propietarios ha sido la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Tras el resultado en el Congreso, su portavoz, Ricardo Bravo, declara a este periódico que "siempre es una gran alegría ver cómo un decreto que nos lleva hundiendo desde el 2020 decae. Pero no es una felicidad plena, porque sabemos que el Gobierno volverá a intentar engañar a la sociedad española con otro decreto para seguir camuflando su desatención hacia las familias vulnerables".
"Queremos una ley antiokupas integral"
"Nuestro objetivo final es llegar a la total derogación del mismo y a la aprobación de una ley antiokupas integral que proteja los derechos de los afectados por allanamiento, usurpación, precarios, inquiokupación y a todos los vecinos convivientes con okupas e inquiokupas" añade.
"Desde hoy, los abogados ya pueden pedir que continúen los procedimientos para que o haya una sentencia o se ejecuten los procedimientos. Si bien esperamos que haya un cierto cuello de botella porque va a haber muchas solicitudes. Aún así, estamos expectantes porque quieren presentar otro decreto" explica Bravo.
Y es que, con el decreto actualmente tumbado, hay que tener claro que los desalojos no serán inmediatos debido a la lentitud de la justicia en la defensa de la propiedad privada. Ya antes del polémico decreto, los propietarios tardaban meses, e incluso, años en recuperar sus viviendas.