La reforma de la normativa antitabaco impulsada por el Ministerio de Sanidad se enfrenta a un escenario complejo tanto en Bruselas como en el ámbito interno. El proyecto de modificación del Real Decreto 579/2017 y la actualización de la Ley 28/2005 han recibido observaciones críticas en el procedimiento europeo TRIS (Technical Regulation Information System), así como varios informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El texto remitido por el Gobierno incluye, entre otras medidas, la prohibición de determinados sabores en cigarrillos electrónicos, la restricción de los dispositivos de un solo uso, la ampliación de espacios sin humo — incluidas terrazas y determinados espacios al aire libre — y la equiparación en materia de publicidad y promoción entre productos de tabaco tradicionales y dispositivos electrónicos de vapeo.
En el marco del procedimiento europeo, la Comisión Europea ha trasladado observaciones señalando que algunas de las disposiciones podrían afectar a la libre circulación de mercancías y ampliar el ámbito regulatorio más allá de lo previsto en la normativa comunitaria vigente. Además, seis Estados miembros —Rumanía, Hungría, República Checa, Grecia, Italia y Suecia — han emitido dictámenes razonados cuestionando la proporcionalidad y necesidad de determinadas restricciones.
Uno de los puntos más controvertidos fue la introducción del empaquetado genérico, finalmente retirada del texto remitido a Bruselas. Desde el Ministerio se explicó que la supresión obedecía a "cuestiones de rango normativo", sin descartar su posible incorporación futura en otro instrumento legislativo.
Advertencias de la CNMC
En paralelo, la CNMC ha emitido varios informes sobre el anteproyecto. El organismo reconoce la legitimidad de los objetivos de salud pública, pero advierte de posibles efectos restrictivos sobre la competencia.
En uno de sus dictámenes, la CNMC señala que determinadas medidas "carecen de justificación suficiente bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación" y que podrían "restringir injustificadamente la libertad de empresa y distorsionar la competencia".
Asimismo, el organismo cuestiona la equiparación automática entre productos de naturaleza diferente. En este sentido, apunta que la extensión del régimen del tabaco tradicional a dispositivos electrónicos "podría no estar suficientemente motivada desde el punto de vista regulatorio" y recomienda valorar "alternativas menos restrictivas" que permitan alcanzar los objetivos sanitarios minimizando impactos económicos adversos.
También advierte de que algunas restricciones podrían favorecer determinados canales de distribución frente a otros, alterando las condiciones de competencia en el mercado.
Directiva europea en revisión
El debate coincide con la revisión en curso de la Directiva europea sobre productos del tabaco (TED), que podría redefinir el marco armonizado en la Unión Europea en materia de regulación y fiscalidad de estos productos.
Este contexto obliga a los Estados miembros a calibrar el alcance de sus reformas nacionales para evitar conflictos con el mercado interior. Cualquier medida técnica que pueda afectar al comercio intracomunitario debe ser notificada y puede ser objeto de observaciones o dictámenes si otros países consideran que introduce barreras desproporcionadas.
El anteproyecto español continúa su tramitación parlamentaria en un escenario político y regulatorio complejo. A nivel europeo, la evolución de la revisión de la Directiva sobre los Productos del Tabaco (TED) será determinante para fijar el margen de actuación de los Estados miembros en materia de regulación y fiscalidad.
Precisamente por ello, distintas fuentes del sector advierten de la importancia de que España contribuya de forma constructiva a ese proceso europeo, favoreciendo un acuerdo equilibrado entre socios comunitarios. Las tasas actualmente planteadas en la revisión de la TED se consideran excesivas por varios Estados miembros y por buena parte de la industria, al tiempo que se cuestiona la equiparación fiscal y regulatoria entre el tabaco tradicional y los productos alternativos, cuya naturaleza, perfiles de riesgo y patrones de consumo son distintos.
En este contexto, la clave no es solo el alcance de la futura ley antitabaco española, sino su coherencia con el marco comunitario en construcción. Avanzar unilateralmente con medidas más restrictivas que las previstas en la normativa europea puede agravar los conflictos con el mercado interior y dificultar la consecución de un consenso en Bruselas, cuando la propia revisión de la TED exige precisamente diálogo, proporcionalidad y coordinación entre Estados miembros.