El pasado 2 de marzo, Pedro Sánchez anunció con entusiasmo que Amazon había decidido invertir 18.000 millones de euros adicionales en España. Una cifra que, sumada a la ya comprometida en 2024, elevaba hasta 33.700 millones el plan para ampliar, sobre todo en Aragón, su infraestructura de centros de datos y su capacidad ligada a la nube y a la inteligencia artificial.
No obstante, la pregunta a la que el presidente no ha contestado es cómo piensa llevar a cabo este plan, pues la red eléctrica española ya se encuentra al borde del colapso y se están rechazando múltiples proyectos industriales y residenciales precisamente por esto.
El problema no es que no seamos capaces de producir la suficiente energía, ya que la potencia instalada del país es de unos 132GW y el consumo máximo apenas supera los 38. Incluso en un escenario extremo en el que no hubiera ni sol, ni viento, ni agua, el sistema seguiría contando con 60GW de generación firme –otra cuestión es el coste que tendría producir esta energía por el precio de los combustibles fósiles–, por lo que podemos afirmar que tenemos capacidad de sobra para producir la electricidad que necesitamos.
La madre del cordero está en el transporte de esa energía desde los centros de generación a los consumidores finales, y es ahí precisamente donde hay un enorme cuello de botella de consecuencias tremendas para la economía y la sociedad si no se aborda pronto.
Según los últimos datos disponibles de la CNMC, en enero de este año el 88% de los nudos de la red tienen cero capacidad disponible. Esto implica que, en la práctica, la inmensa mayoría de los puntos donde podrían conectarse nuevas industrias, urbanizaciones o centros de datos ya no admiten más demanda eléctrica, por lo que cualquier nuevo proyecto que requiera una potencia significativa se enfrenta a retrasos, a costosos refuerzos de red o, directamente, a la imposibilidad de conectarse.
De hecho, de acuerdo con los datos de la patronal de las eléctricas, en 2024 se perdieron 60.000 millones de inversión industrial por la falta de capacidad de la red para admitir nuevas instalaciones, y por aquel entonces "sólo" el 60% de los nudos estaban saturados. Si hoy la cifra ronda el 90%, basta imaginar la magnitud de la inversión que España está dejando escapar no por haber reforzado una infraestructura tan básica como su red eléctrica.
Pero esto no se reduce sólo al sector industrial, sino que impacta directamente en algo tan sensible como la vivienda. En distintas zonas del país, desde Madrid hasta la Costa del Sol o Baleares, promotores inmobiliarios se están encontrando con un obstáculo inesperado: la red eléctrica no tiene capacidad para alimentar a nuevas promociones. En muchos casos las distribuidoras de energía exigen construir nuevas subestaciones o reforzar líneas de media y alta tensión antes de poder conceder el punto de conexión, lo que introduce retrasos de varios años y encarece enormemente los proyectos.
Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que el precio de la vivienda crece a un 13,5% interanual porque apenas se construyen 100.000 viviendas al año mientras la población crece en más de 500.000 habitantes. No sólo le ponemos trabas burocráticas enormes a la construcción y apenas le dejamos suelo disponible, sino que además ahora obligamos a los promotores a financiar la ampliación de la red eléctrica porque el Estado no ha cumplido por su parte.
Lo peor de todo es que esto era un problema perfectamente previsible y evitable, al igual que lo era la falta de producción síncrona que dio lugar al apagón nacional del 28 de abril por abusar de las energías renovables. Durante años se ha hablado de transición energética, de la electrificación de la economía y de atraer grandes inversiones industriales y tecnológicas, pero nadie se ha preocupado de reforzar al mismo ritmo las infraestructuras necesarias para llevar todo esto a cabo. Mientras nuestros políticos se llenan la boca hablando de reindustrialización y de facilitar el acceso a la vivienda, el país empieza a descubrir que ni siquiera es capaz de garantizar algo tan elemental como que la electricidad llegue a donde se necesita.
No obstante, ahora serán necesarios varios años de inversiones mil millonarias para ampliar la capacidad de la red y poder volver a admitir nuevos puntos de conexión. Sin embargo, el coste de oportunidad de todas las inversiones que habremos perdido por el camino únicamente será asumido por el pueblo, como ocurre con todos los desastres producidos por aquellos que nos gobiernan.
Cada fábrica que no se construye, cada centro de datos que se retrasa o cada promoción de viviendas que se paraliza es una oportunidad perdida de crecimiento, empleo y prosperidad. En este caso, sobran las palabras grandilocuentes y faltan gobernantes con capacidad para resolver los problemas de la gente. España se apaga, y lo más inquietante no es quién ha bajado el interruptor, sino por qué se lo hemos permitido.