El barril de Brent ha superado los 100 dólares y el menú de propuestas ya está sobre la mesa: escudos fiscales, bajadas de IVA, bonificaciones a los combustibles. En el momento de escribir estas líneas, el Gobierno de España no ha tomado todavía ninguna decisión, pero varios Ministerios ya han planteado soluciones de este tipo y Gobiernos de otros países europeos las están aplicando. La intención es comprensible. Pero conviene preguntarse qué ocurre cuando, para proteger al ciudadano de una subida de precios, eliminamos precisamente la señal que le permitiría adaptarse a ella.
Los precios son el mecanismo más potente que tiene una economía de mercado para coordinar decisiones descentralizadas. Cuando el precio de la energía sube, no está ocurriendo una injusticia cósmica: está llegando información. El mercado nos dice que un recurso se ha vuelto más escaso, y esa señal se propaga a millones de agentes que, sin instrucción alguna, ajustan su comportamiento. El consumidor reduce el uso del coche, la empresa evalúa electrificar un proceso, el inversor apuesta por renovables. Todo eso ocurre sin un solo decreto.
Lo que hace un subsidio generalizado al combustible es apagar ese faro. La señal de escasez desaparece y los agentes siguen consumiendo como si nada hubiera cambiado. El Estado gasta recursos públicos para que la economía no se adapte al nuevo entorno. Y cuando la crisis pasa, el país se encuentra exactamente donde estaba antes, igual de vulnerable.
La historia ofrece un contraste revelador. Tras el embargo petrolero de 1973, el precio del barril se cuadruplicó en pocos meses. No hubo escudos fiscales ni bonificaciones generalizadas. Lo que hubo fue dolor económico, sí, pero también una respuesta estructural formidable. Francia lanzó el Plan Messmer y en una década construyó un parque nuclear que hoy cubre cerca de dos tercios de su generación eléctrica. Japón, un país sin recursos propios y totalmente dependiente de las importaciones, emprendió una transformación radical de su industria hacia la eficiencia energética. Los fabricantes japoneses de automóviles, obligados por el precio a producir vehículos más ligeros y eficientes, terminaron conquistando el mercado mundial. En ambos casos, la señal del precio funcionó exactamente como predice la teoría: orientó recursos hacia usos más productivos y aceleró la innovación.
Comparemos aquello con la gestión europea tras la invasión de Ucrania. Los Gobiernos desplegaron paquetes masivos de ayudas. En España, el primer plan movilizó más de 20.000 millones de euros. La subvención a los combustibles acabó engrosando los márgenes de las distribuidoras y, cuando se retiró, el país seguía siendo igual de dependiente del gas importado. No hubo Plan Messmer, no hubo revolución industrial. Hubo gasto y vuelta a la casilla de salida.
El problema de fondo es que hemos entrado en una espiral de expectativas. Cada crisis genera una demanda social de protección, los Gobiernos responden con ayudas, y el precedente refuerza la expectativa de que la próxima vez volverá a ocurrir lo mismo. Los agentes económicos dejan de cubrirse frente al riesgo porque asumen que papá Estado lo hará por ellos. Es el riesgo moral aplicado a la política energética.
Nada de esto significa que la política fiscal no tenga un papel. Lo tiene, pero debería concentrarse en proteger a los hogares vulnerables y evitar la destrucción de tejido productivo en sectores cuya estructura de costes depende críticamente de la energía: transporte, pesca, industria electrointensiva. Eso es eficiente y justo. Lo que no es ni eficiente ni justo es subsidiar el diésel de todo el mundo para que nadie note que la energía se ha encarecido.
España tiene una deuda pública por encima del 100% del PIB y problemas estructurales sin resolver, empezando por la vivienda. Cada euro gastado en un escudo fiscal genérico es un euro que no se invierte en abordar esos problemas. Y lo más irónico: al anestesiar la señal de precios, retrasamos la transición energética que los propios Gobiernos dicen querer acelerar.
Los precios altos de la energía no son agradables. Pero son necesarios para que la economía se mueva en la dirección correcta. No apaguen los faros: son lo único que nos indica dónde están las rocas.