Se ha cerrado el ejercicio 2025 y ya no queda propaganda que resista el contraste con la realidad. Después de cinco años de gestión del Plan de Recuperación, el balance del Gobierno de Pedro Sánchez es devastador: España ha firmado el peor año de ejecución presupuestaria de los fondos europeos Next Generation EU desde el inicio del programa.
Peor que 2024, que ya fue un ejercicio lamentable. Peor incluso cuando el Ejecutivo presumía de una supuesta "velocidad de crucero" que nunca existió fuera del argumentario oficial. El dato mata al relato, y el dato de 2025 describe a un país paralizado, con un cohete que tiene el motor gripado. Lo saben las familias que ven cómo su renta real no ha mejorado desde 2018 y lo saben las empresas que han visto cómo las promesas con los fondos europeos han servido, principalmente, para regar organismos y entes públicos con arbitrariedad e ideología.
Lo más grave no es solo que la ejecución vuelva a ser mala. Lo verdaderamente alarmante es que empeora en todas las fases contables. La trayectoria venía deteriorándose desde 2021, pero 2025 consuma el fracaso: caen autorizaciones, compromisos, obligaciones reconocidas y, de forma especialmente escandalosa, los pagos realizados.
Es decir, el dinero no llega a la economía real con la intensidad, la rapidez ni la eficacia que exigía la mayor oportunidad de modernización que ha tenido España en décadas. Tras cinco años de experiencia en la gestión de este programa, el Gobierno apenas ha realizado pagos en 2025 por el 18,7% de los fondos públicos previstos para el año pasado.
No estamos ante un simple problema administrativo. Estamos ante una enmienda a la totalidad de la gestión política del sanchismo. Porque a un Gobierno se le mide, antes que por sus eslóganes, por su capacidad para ejecutar el presupuesto que aprueba y convertirlo en inversión productiva. Y Sánchez ha demostrado exactamente lo contrario, una incapacidad crónica para transformar crédito presupuestario en proyectos reales, pagos efectivos y crecimiento potencial.
Ya en 2024 los principales ministerios inversores arrastraban niveles de ejecución alarmantemente bajos, con Transportes, Industria, Vivienda, Transformación Digital, Transición Ecológica y Ciencia entre los departamentos más incapaces.
Los datos de cierre de 2025 no corrigen nada, lo agravan todo. Ahí están los grandes ministerios con más presupuesto para certificar el atasco: Transportes, Industria, Transición Ecológica, Economía, Educación, Ciencia, Vivienda o Transformación Digital.
Resulta difícil encontrar una prioridad económica del país que no esté asociada a un ministerio incapaz de ejecutar. Vivienda, convertida en una de las grandes angustias de las familias españolas, vuelve a exhibir una ejecución paupérrima, un 10% en todo un año y la renuncia a ejecutar 3.250 millones de euros, que se devolverán a Bruselas. Ciencia e Innovación, clave para elevar el valor añadido y la productividad, sigue a la deriva, con una ministra más centrada en la campaña que en la gestión. Y Transformación Digital, bajo la dirección de Óscar López, se suma a la lista de grandes presupuestos sin desplegar. Lo mismo sucede con Industria, donde los Perte han terminado siendo un catálogo de convocatorias mal diseñadas, rectificaciones y remanentes sin movilizar.
A esta incompetencia se añade un elemento todavía más preocupante: la opacidad. En 2025 se han realizado más modificaciones presupuestarias que nunca, ni siquiera en el año de la covid-19. Esto no es aceptable.
Es la prueba de una forma de gobernar basada en la arbitrariedad, los parches continuos derivados de la ausencia de presupuestos en la legislatura y la falta de control político ordinario. Cuanto menos ejecuta el Gobierno por la vía normal, más necesita retorcer el presupuesto por la puerta de atrás. Y esa práctica es incompatible con una democracia que merezca tal nombre, porque degrada la transparencia, dificulta la rendición de cuentas y multiplica la discrecionalidad del Ejecutivo sobre decenas de miles de millones de euros.
La renuncia a 60.000 millones de euros en préstamos europeos constituye, además, la confesión más rotunda del fracaso de Sánchez y Cuerpo, admitiendo problemas para cumplir a tiempo algunos hitos y dificultades técnicas. Es el reconocimiento de que el Gobierno no ha sido capaz de articular, en tiempo y forma, proyectos solventes, hitos viables y una arquitectura de gestión a la altura del desafío histórico para nuestro país.
Se han realizado siete Adendas al Plan, seis de ellas bajo responsabilidad de Carlos Cuerpo, en las que se ha reducido la ambición y la capacidad transformadora del Plan de Recuperación. La comparación con la programación original no resiste el contraste. De los 83.200 millones potenciales en préstamos, España habría renunciado al 72%, o lo que es lo mismo, al 37% de los 163.000 millones de euros. Es impotencia administrativa.
Lo más irritante es que este fracaso llega después de años de propaganda, de comparecencias autocomplacientes y de una colonización del debate público mediante dashboards, anuncios y titulares cuidadosamente seleccionados. Desde esta tribuna hemos advertido que los datos oficiales difundidos por Economía no equivalían a ejecución real y que la falta de trazabilidad impedía una evaluación seria del impacto del plan sobre inversión, empleo o productividad.
Incluso entre los mayores beneficiarios, la concentración en el sector público y el retraso en la publicación de datos revelaban una gestión orientada más al control político que a la transformación económica.
Pocos ejemplos en nuestros días explican mejor la fatal arrogancia del planificador que cree poder sustituir con el BOE, comisiones y ocurrencias ministeriales el conocimiento disperso de una economía abierta. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con los fondos europeos en España. El Gobierno ha querido decidir desde arriba qué sectores, qué proyectos y qué empresas debían liderar la transformación, pero lo ha hecho sin escuchar de verdad al mercado, sin dotarse de una administración eficaz y sin construir un marco estable de colaboración con comunidades autónomas y tejido productivo.
El resultado era previsible: burocracia, cuellos de botella, cambios de reglas y devolución de fondos. La gestión unilateral, centralizada e intervencionista diseñada por Sánchez y Manuel de la Rocha ha creado problemas estructurales y alejado los fondos de la economía real.
España no necesitaba un Gobierno repartiendo titulares, necesitaba un Gobierno gestionando. No necesitaba más intervencionismo, necesitaba seguridad jurídica, buena administración, evaluación rigurosa de proyectos y una ejecución ágil.
Los fondos Next Generation EU eran una oportunidad histórica para elevar la productividad, modernizar la industria, reforzar la innovación y mejorar nuestra competitividad. Sánchez los ha convertido en un monumento a la ineficiencia pública. Y cuando un país desperdicia una ocasión así, no fracasa solo un Gobierno: se daña la confianza, se frena la inversión y se compromete el futuro.
A falta de cinco meses para finalizar el programa, ya no cabe el autoengaño. Sánchez gestiona cada vez peor, mucho peor. Y el cierre presupuestario de los fondos europeos deja una conclusión política y económica difícil de rebatir: el sanchismo no ha sabido administrar la mayor palanca de modernización financiada por Europa. Ha tenido el dinero, ha tenido el tiempo y ha tenido la información. Lo único que no ha tenido es capacidad.