Nuevo choque entre la seguridad jurídica y el intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Alquiler Seguro ha anunciado este jueves una ofensiva legal contra el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, tras la ratificación de una multa de 3,6 millones de euros. La compañía no solo ha tachado la sanción de "atropello jurídico" e "ideológica", sino que ha confirmado que acudirá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa solicitando medidas cautelares para frenar lo que consideran una persecución política.
En una rueda de prensa marcada por la contundencia, el presidente de la firma, Antonio Carroza, ha denunciado las "incongruencias" y "grandes mentiras" vertidas desde el departamento de Bustinduy. Carroza ha exigido una "rectificación pública" del ministro, señalando que el sector se encuentra "en manos de políticos que usan la mentira" como herramienta de gestión. "Lo vamos a demostrar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en todos los ámbitos necesarios", ha sentenciado.
Persecución ideológica y pruebas ilícitas
Desde Alquiler Seguro sostienen que el proceso sancionador ha carecido de las garantías mínimas y ha estado viciado desde el origen. Según la compañía, el Ministerio ha utilizado pruebas "obtenidas de forma ilícita" y descontextualizadas para sustentar unas acusaciones de "prácticas abusivas" que la empresa niega de plano.
"Estamos ante un órgano que no es imparcial. Al fin estaremos ante un tribunal de verdad", ha señalado el responsable jurídico, Carlos Sánchez.
La empresa recuerda que la Justicia ya les ha dado la razón hasta en cuatro ocasiones previas durante el año 2025 en casos idénticos. Sin embargo, el Ministerio ha decidido ignorar estos antecedentes jurídicos para seguir adelante con una sanción que busca castigar el modelo de negocio de la compañía bajo el paraguas de la reciente y polémica Ley de Vivienda.
"No vamos a cambiar: nuestros servicios son legales"
A pesar de la presión gubernamental, Alquiler Seguro se mantiene firme. Carlos Sánchez ha descartado cualquier cambio en el funcionamiento operativo de la empresa: "No vamos a dejar de hacer algo que es legal". La firma defiende que su Servicio de Atención al Inquilino (SAI) es real y voluntario, aportando datos que demuestran que cientos de inquilinos optan por no contratarlo sin que ello suponga un impedimento para el arrendamiento.
Respecto a las amenazas de "huelga de alquileres" promovida por sindicatos de inquilinos afines a la extrema izquierda, la dirección de la empresa ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los propietarios, recordando que dicha acción es ilegal y que la compañía cuenta con la solvencia necesaria para afrontar cualquier contingencia.
El Ministerio agota la vía administrativa
La reacción de la empresa llega después de que el Ministerio confirmara este miércoles la sanción alegando supuestas cláusulas abusivas en la gestión de contratos y seguros de hogar. Consumo pretende obligar a la empresa no solo a pagar la multa millonaria, sino a modificar su estructura de servicios, algo que Alquiler Seguro confía en paralizar en los tribunales frente a lo que consideran una "invasión de la libertad de empresa".