El despacho Pyramid Consulting ha formalizado una demanda ante el orden contencioso-administrativo de Madrid para impugnar una sanción vinculada a este dispositivo y, simultáneamente, ha solicitado que el caso se eleve a las instituciones europeas mediante una cuestión prejudicial. El objetivo es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si la normativa de la DGT, que impone este sistema de señalización conectada como obligatorio desde el 1 de enero de 2026, es inaplicable por haber omitido trámites esenciales en Bruselas.
El desafío al 'reglamento técnico' de la DGT
El núcleo del conflicto jurídico reside en la posible "chapuza" administrativa del Ejecutivo. Pyramid Consulting sostiene que la regulación de la baliza V-16 debió ser notificada previamente a la Comisión Europea como un reglamento técnico, tal y como exige la Directiva (UE) 2015/1535. Esta norma obliga a los Estados miembros a informar sobre cualquier proyecto que imponga especificaciones técnicas obligatorias antes de su adopción, con el fin de evitar obstáculos al mercado interior.
La jurisprudencia del TJUE es tajante al respecto: el incumplimiento de esta notificación no es un mero error formal, sino que conlleva la inaplicabilidad de la norma frente a los ciudadanos. Si el Tribunal europeo da la razón al despacho, cualquier sanción impuesta por no llevar la baliza —o por llevar una no conectada— carecería de base legal, al haberse saltado España el control preventivo de la Unión Europea.
El desplante a la 'confianza legítima' de los conductores
La demanda también pone el foco en la inseguridad jurídica generada por el Ministerio del Interior. El despacho alega una vulneración del principio de confianza legítima tras las declaraciones del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien el pasado 8 de enero de 2026 prometió una "flexibilidad" que no se ha cumplido. A pesar de que el Gobierno aseguró que las fuerzas de seguridad no multarían durante un periodo razonable, priorizando la información, las sanciones han comenzado a llegar a los conductores.
Este escenario ha generado una situación de indefensión para miles de ciudadanos que, ante la falta de una instrucción oficial escrita que avale esa tregua, se encuentran a merced del criterio de cada agente. Los recurrentes consideran que la Administración no puede sancionar conductas que ella misma, de forma pública y notoria, afirmó que serían toleradas transitoriamente.
Un dispositivo bajo sospecha técnica y económica
El salto a Europa de la baliza V-16 no solo responde a cuestiones de forma, sino al cúmulo de polémicas que arrastra el dispositivo. Desde la escasa visibilidad del sistema en comparación con los intermitentes del vehículo, hasta la limitada duración de las baterías (que en algunos modelos apenas alcanzan los 30 minutos), el dispositivo ha sido cuestionado por expertos y agentes de seguridad.
A esto se suma la sombra de los intereses económicos. Como ya adelantó este diario, las empresas fabricantes recibieron importantes subvenciones públicas y el canon de conectividad asegura ingresos durante doce años a las operadoras de telecomunicaciones. Mientras la DGT insiste en que el sistema es vital para la seguridad, el frente judicial abierto en Madrid y Bruselas amenaza con dejar en papel mojado una normativa que ha obligado a los españoles a un desembolso millonario en plena incertidumbre legal.