El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el nuevo Plan Estatal de Fertilizantes en una finca de maíz de San Martín de la Vega (Madrid), acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. La imagen elegida para escenificar la apuesta del Ejecutivo por la innovación no ha pasado desapercibida: ambos han posado junto a un moderno dron agrícola capaz de realizar labores de fertilización de precisión.
Sin embargo, la fotografía contrasta con una de las principales reclamaciones del sector. Mientras el Gobierno exhibe los drones como símbolo de la modernización del campo, los agricultores llevan años denunciando que la normativa impide aprovechar su principal utilidad: la aplicación de productos fitosanitarios.
Fertilizar sí, fumigar no
Conviene distinguir ambas actividades. En España, los drones sí pueden utilizarse para aplicar fertilizantes y bioestimulantes, siempre que se cumpla la normativa aeronáutica y las condiciones de uso de cada producto.
La situación cambia por completo cuando se trata de fitosanitarios —herbicidas, fungicidas o insecticidas—. La legislación considera estos tratamientos como aplicaciones aéreas y, con carácter general, los prohíbe salvo autorización específica. En la práctica, un dron recibe el mismo tratamiento normativo que una avioneta de fumigación, pese a que ambos sistemas poco tienen que ver.
El resultado es que una tecnología capaz de tratar únicamente las zonas afectadas, reducir la cantidad de producto empleado, disminuir la deriva y limitar el impacto ambiental sigue encontrándose con un importante muro burocrático.
El campo pide una reforma desde hace años
La organización agraria Unión de Agricultores lleva reclamando desde 2024 una modificación de esta situación. El sindicato denuncia que los agricultores de Lérida, por ejemplo, se han encontrado en ocasiones con parcelas inaccesibles por el barro en las que los drones habrían permitido realizar tratamientos de forma rápida y precisa, pero la normativa lo ha impedido.
Según explica la organización, el problema es doble. Por un lado, las comunidades autónomas deben autorizar cada tratamiento con drones tras superar una inspección técnica. Por otro, el Gobierno debe autorizar expresamente los productos fitosanitarios que pueden aplicarse mediante este sistema. Ese segundo paso sigue prácticamente bloqueado.
En la práctica, sostienen, la agricultura de precisión seguirá esperando mientras el procedimiento administrativo avanza a un ritmo muy inferior al de la innovación tecnológica.
La puesta en escena elegida por Sánchez refleja precisamente esa paradoja. El Gobierno reivindica los drones como ejemplo de la digitalización del campo y ha destinado miles de millones de euros a impulsar la modernización del sector, pero mantiene sin resolver uno de los principales obstáculos regulatorios para que esa tecnología despliegue todo su potencial.