El sector agrario español vuelve a enfrentarse a otro caso de normativa contradictoria y burocracia ineficiente. Mientras el Ejecutivo presume de una apuesta millonaria por la digitalización en el sector primario, bloquea el uso de tecnologías clave como los drones para aplicar fitosanitarios.
Es lo que denuncia la organización agraria Unió de Pagesos que se enfrenta a una situación crítica: los agricultores de Lérida no pueden acceder a los campos por el barro, pero tampoco pueden recurrir a soluciones tecnológicas que ya están disponibles. Por eso exigen que se permita el uso de drones en los cultivos herbáceos.
Burocracia europea, parálisis nacional
El problema, como tantas veces, es una combinación de regulación europea y falta de acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La normativa comunitaria prohíbe los tratamientos aéreos de forma general salvo autorización específica y, además, considera que un dron es exactamente igual que una avioneta de fumigación, aunque en la práctica no tienen nada que ver. La aplicación de los drones es mucho más precisa, selectiva y de bajo impacto.
Y aquí es donde empieza el laberinto administrativo: por un lado, las Comunidades Autónomas tienen que autorizar el tratamiento con drones —un proceso que exige superar una inspección técnica— y, por otro lado, el Gobierno debe autorizar los productos fitosanitarios concretos que pueden utilizarse en este tipo de tratamientos.
Desde 2024, la Unió de Pagesos lleva reclamando una solución. La respuesta del Ministerio, según denuncian, ha sido siempre la misma: reconocer el problema... y no hacer absolutamente nada para solucionarlo.
Cinco años de espera... si todo va bien
La situación roza lo absurdo. El llamado paquete ómnibus de simplificación legislativa aprobado en diciembre de 2023 fija unos plazos que, en la práctica, condenan al sector a la inacción, según denuncia la organización agraria:
"La normativa prevé hasta cinco años para la transposición de la directiva europea, cuatro años para que la Comisión identifique los tipos de drones autorizados y no fija ningún plazo para que la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) desarrolle el documento guía de evaluación de riesgos necesario para autorizar productos fitosanitarios que puedan utilizarse con drones".
Traducido: la innovación agrícola tendrá que esperar casi una década... en el mejor de los casos. Y mientras el Gobierno de Sánchez ha movilizado más de 2.000 millones de euros para "digitalizar el campo", los agricultores tienen que seguir trabajando con limitaciones propias del siglo pasado.