La presidenta de la Comunidad de Madrid dio un puñetazo en la mesa este martes tras inaugurar la nueva Oficina de Empleo en el Barrio de la Concepción, en la capital. Isabel Díaz Ayuso quiso zanjar de una vez por todas el debate abierto sobre el aborto, dejando clara su postura y contestando al presidente del Gobierno, quien horas antes y en una entrevista en la Cadena Ser, había anunciado que este mismo martes el Consejo de Ministros iniciaría los trámites para blindar el aborto en la Constitución.
"No se puede señalar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto", reiteró. En este punto, la jefa del Ejecutivo regional señaló que quien se sitúa fuera de la ley es el Gobierno central pues su normativa de 2023, que obliga a crear un registro de médicos objetores, chocaría precisamente con la Carta Magna.
"El respeto y el anonimato de los profesionales está amparado por la Constitución Española", así como "la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias". "Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes".
En este sentido, avanzó que va a "seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid: el respeto y el anonimato de los profesionales".
Ante una nueva pregunta de la prensa sobre la lista de objetores, la presidenta aseguró que va a "aplicar la normativa" como hasta ahora. "Vamos a trabajar como hemos hecho siempre, como se ha hecho en otras ocasiones, para que el anonimato de los médicos esté protegido. Y quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha, se apuntará y quien no, no se hará".
De estas palabras de la presidenta se colige que Madrid actuará en este asunto como lo viene haciendo con la eutanasia, para lo que cuenta desde 2021 con un registro de objetores, como se puede comprobar en una web oficial.
Para Ayuso, el aborto en España "es legal pero tiene que ser seguro y, sobre todo, tiene que ser poco frecuente". En este punto, recordó que el año pasado se practicaron en nuestro país más de 106.000 abortos, "uno de cada cinco en Madrid, de mujeres que vienen de todas partes de España especialmente de regiones gobernadas por la izquierda".
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid trasladan a Libertad Digital que en la región se practicaron en 2024 un total de 20.883 abortos, una cifra ligeramente superior a la de 2023, que fue de 20.482. De ellos, casi 3.000 mujeres provenían de otras comunidades autónomas, principalmente de Castilla-La Mancha.
"¿Queremos más? ¿Nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y un fracaso como sociedad y más en un país donde faltan niños y políticas en positivo como estamos haciendo nosotros en la Comunidad de Madrid por el niño que está en camino, por las familias que necesitan tener más hijos en un país que envejece a esa velocidad". Se refería la presidenta a la ley del no nacido que prepara su Gobierno, así como a toda la estrategia desplegada en favor de la natalidad.
Por último, e interpelando directamente a Pedro Sánchez, espetó: "Esto ya es personal, porque hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito sobre el tema del aborto, y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido por desgracia el drama del aborto dos veces. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad".
Así, concluyó que "en España, las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo". "Enhorabuena a todos", dijo.
Reforma de la Constitución: ¿realidad o estrategia?
No obstante, y con independencia de lo que haga Ayuso, el Gobierno viene hilando una estrategia desde que el PP en el Ayuntamiento de Madrid cometiera hace unos días un error no forzado al apoyar una iniciativa de Vox en la que se instaba a informar a las mujeres del síndrome postaborto, que no está avalado por la ciencia. El alcalde José Luis Martínez Almeida se retractó en 24 horas, pero la maquinaria del Gobierno se puso en marcha.
Hace un tiempo, cuando en Francia se incorporó este asunto a su Constitución, Sumar trasladó su propuesta al Ejecutivo, que fue ignorada. Hasta ahora. Los socios de Gobierno han llegado a un acuerdo que se ha materializado este martes en el Consejo de Ministros.
Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció que introducir el derecho al aborto en la Constitución no va a ser una "reforma sencilla", puesto que requerirá el apoyo de los tres quintos del Congreso y del Senado.
La titular de Igualdad detalló que la propuesta de reforma de la Constitución será ordinaria y modificará el artículo 43, relativo al derecho a la salud. En concreto, incluirá un nuevo apartado, el número cuatro, que reconocerá el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligará a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva para todas las ciudadanas.
La fórmula elegida por el Ejecutivo, de reforma ordinaria de la Constitución -al no incluir el aborto como derecho fundamental, que exigiría reforma agravada-, permite tramitar este cambio sin necesidad de disolver las Cortes, si bien sin el apoyo del PP no podrá ser una realidad porque necesitará el respaldo de tres quintas partes del Congreso y del Senado.
"Espero que el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres (...) Pido al PP que se una a esa mayoría necesaria para la reforma de la Constitución", subrayó Redondo. La estrategia, pues, está clara: buscar el voto negativo del PP para a continuación asemejarlo con Vox y agitar, como ocurrió en la campaña electoral de 2023, el miedo a la ultraderecha.