El Tribunal Supremo ha respaldado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y ha requerido al Gobierno central para que, en el plazo improrrogable de 30 días, se haga cargo de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo. Así, ha ordenado garantizar el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los 106 menores que se encuentran en la región y que han manifestado su voluntad de acceder a él.
La Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo en julio, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazara su requerimiento para garantizar "el acceso y permanencia" en el sistema de protección de aquellos menores a cargo de los servicios de protección de esta comunidad y que hubieran solicitado la protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla. Junto al recurso, pidió también esta medida cautelar que ahora el Alto Tribunal concede.
Los magistrados disponen que las actuaciones "deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor" y que el Gobierno deberá dar cuenta al Supremo, al finalizar ese plazo de un mes, de lo que ha hecho para cumplir lo requerido.
"Mañana mismo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, nos vamos a poner en contacto con el Ministerio para saber dónde, cómo y cuándo se va a hacer cargo de los actualmente 106 menores que tenemos bajo el sistema de protección en esta situación administrativa", señaló la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. "Estamos a expensas de cómo el Gobierno se va a organizar para cumplir con la ley y cumplir con su obligación para hacerse cargo de estos menores", reconoció.
El Gobierno mantiene su pulso con Pozuelo
Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones indicaron a Europa Press que en los planes del Gobierno está el ofrecer a estos menores plazas de protección internacional en el CREADE de Pozuelo de Alarcón. Esta elección supone un nuevo desafío al Ayuntamiento de este localidad madrileña, gobernado por la popular Paloma Tejero. Y es que tan solo falta un mes para que se cumpla el plazo establecido por el Consistorio para el cierre definitivo de este centro por no contar con la licencia adecuada. En septiembre, de hecho, ya había declarado el cese definitivo de sus actividades.
El Ayuntamiento había dado dos meses al Gobierno para que recurriera esta decisión y cuatro para ejecutar el realojo de las personas allí acogidas. A día de hoy la regidora no ha recibido ninguna información sobre el plan del Ministerio para el traslado de los acogidos. No obstante, este jueves el Ejecutivo ha presentado un recurso contra esta orden de clausura, según informa Europa Press. Y ahora anuncia también sus planes para ubicar allí a estos menores no acompañados solicitantes de asilo.
"Obviamente pesa una orden de cierre sobre ese centro que no tiene licencia para centro residencial, ni siquiera para adultos, con lo cual el Gobierno sabrá lo que está diciendo cuando quiere meter a menores en ese centro", lanzó Dávila en declaraciones a los periodistas. La consejera subrayó que el Supremo ha establecido que "es competencia del Gobierno de España hacerse cargo" de estos menores, que han llegado procedentes de países en guerra o en situación de hambruna, y que hoy por hoy están ubicados en distintos centros de la región.
El Ayuntamiento denunciará al Gobierno ante la Fiscalía
A última hora de la tarde, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado donde ha advertido al Gobierno central que irá a la Fiscalía si mete a menores inmigrantes en "un centro ilegal, sin licencia y con orden de cierre en menos de un mes".
Es una "absoluta temeridad y tremenda irresponsabilidad" que el Gobierno amenace ahora con llevar a medio centenar de menores no acompañados "al centro ilegal de inmigrantes" que mantiene en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en esta ciudad y sobre el que pesa una orden de cierre en menos de un mes (17 de enero) por "carecer de licencia para dicha actividad".
La alcaldesa ha subrayado que esta amenaza del Gobierno llega justo después de que el Tribunal Supremo "le haya pintado la cara hoy mismo" con los menores inmigrantes acogidos por la Comunidad de Madrid, ya que el alto tribunal ha dado la razón al Ejecutivo de Ayuso al resolver que es la administración central la que debe encargarse de ellos.
"Hay que ser muy irresponsable para, con el único fin de 'vengarse' del varapalo judicial que le ha propinado la Comunidad de Madrid, amagar con meter a cincuenta de estos chicos en un centro sin licencia, que no reúne las condiciones y en el que ya viven, según el Gobierno, más de 125 personas, incluidas familias con adultos y sus hijos", ha añadido Paloma Tejero.
La primera edil se ha preguntado si "cualquier ministro llevaría a su hijo a un centro sin licencia" por no reunir las condiciones para acoger a menores no acompañados. Asimismo, se ha cuestionado: "¿Qué piensa hacer el Gobierno con las familias que siguen ahí sin licencia? ¿Mezclarlas con estos menores?".
En este sentido, la regidora ha recordado que el Ayuntamiento ofreció al Gobierno la posibilidad de regularizar la situación ilegal de dicho centro, y también le concedió hasta cuatro meses para reubicar a las personas que siguen allí. "Pero no ha hecho absolutamente nada, se limita a seguir vulnerando la normativa que sí debe cumplir cualquier vecino o empresa en cualquier ciudad y ahora encima amenaza con incumplirla más todavía", ha añadido Tejero.
Por todo lo anterior, la alcaldesa ha advertido que, "si el Gobierno intenta castigar a los pozueleros por sus fracasos con la Comunidad de Madrid", informarán a la Fiscalía de que "Sánchez y su ministra del ramo pretenden meter a menores inmigrantes no acompañados en un centro sin licencia, que no tiene las condiciones ni la capacidad para ello y sobre el que pesa una orden de cierre inmediato". "Que tenga claro el Gobierno que el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar de brazos cruzados ante semejante disparate".