Madrid ve "lógico" que el juez investigue el caos en La Vuelta: "Se diseñó para que fracasara"

La apertura de diligencias penales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por el dispositivo de seguridad desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España ha provocado una inmediata reacción tanto desde el Ayuntamiento de la capital como desde el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso. Ambas administraciones coinciden en señalar que la investigación judicial permitirá esclarecer lo ocurrido en una jornada marcada por disturbios y por las protestas violentas por Palestina que interrumpieron el normal desarrollo de la prueba ciclista.

El Ayuntamiento ve "lógico" que actúe la justicia

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha considerado "lógico" que un juez haya decidido abrir diligencias penales para analizar la actuación del delegado del Gobierno y la planificación del operativo policial. En declaraciones a los medios tras inaugurar un parque infantil en el barrio de Lavapiés, Sanz ha defendido que existen motivos suficientes para que la justicia investigue un dispositivo que terminó con 22 agentes heridos y con una imagen de la ciudad que, a su juicio, no representa a los madrileños.

Según la vicealcaldesa, el despliegue de seguridad no estuvo orientado a garantizar el correcto desarrollo del evento deportivo, sino que se diseñó "para que tuviera el final que tuvo". En este sentido, ha lamentado que la llegada de una prueba internacional como La Vuelta acabara en incidentes, algo que considera evitable con una planificación adecuada.

Críticas al diseño del operativo policial

Sanz ha insistido en que los policías heridos "nunca tuvieron que estar heridos por un dispositivo mal dimensionado y diseñado precisamente para que fracasara". Desde su punto de vista, el planteamiento de seguridad falló tanto en el número de efectivos como en las directrices que se dieron para hacer frente a las protestas anunciadas.

La vicealcaldesa confía en que las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid sirvan para depurar responsabilidades y conocer en detalle cómo se tomó la decisión sobre el despliegue policial. "Estoy segura de que los policías van a explicar exactamente cuáles fueron los errores, además de un mal dimensionamiento de directrices que no fueron las correctas para que esto saliera bien", ha señalado.

El procedimiento judicial tiene como objetivo determinar si existieron fallos en la planificación y ejecución del operativo de seguridad durante el final de La Vuelta a España en Madrid, y si esos errores pudieron ser la causa directa de los incidentes registrados. La investigación parte de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

Un boicot "contra su propio país"

Desde el Ejecutivo autonómico, las críticas al delegado del Gobierno han sido aún más contundentes. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha expresado su deseo de que Francisco Martín pueda explicar ante la justicia su "dejación de funciones" durante La Vuelta y durante el desarrollo de las protestas.

El también portavoz del Gobierno regional ha realizado estas declaraciones tras el Pleno de la Asamblea de Madrid en el que se aprobaron los Presupuestos de la Comunidad para 2026. García Martín ha acusado al propio Gobierno central de haber "hecho boicot" contra la Vuelta, algo que ha equiparado a un boicot "contra su propio país".

El consejero ha lamentado que el delegado del Gobierno no ofreciera explicaciones públicas tras los incidentes y ha señalado que, si no lo hizo ante los ciudadanos, "a lo mejor ahora lo tendrá que hacer en sede judicial". A su juicio, lo ocurrido fue consecuencia de "una dejación de funciones brutal" que impidió que la prueba ciclista concluyera con normalidad en la capital.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, quien ha pedido dejar actuar a la justicia, pero ha calificado el dispositivo de seguridad como "raquítico" pese a que se conocía la posibilidad de disturbios. Según ha advertido, la situación puso en riesgo no solo a los deportistas, sino también a las familias que acudieron al evento.

Díaz-Pache ha criticado además que, a su juicio, la izquierda celebrara "ese boicot, esa violencia y esa interrupción absurda de La Vuelta Ciclista a España sin condenar los ataques a los policías", y ha concluido que el delegado del Gobierno deberá dar explicaciones ante la justicia.