El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, interpuso este jueves un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por negarse a crear un registro de médicos objetores de conciencia.
El Ejecutivo autonómico ignoró el requerimiento que le envió hace unos meses Sanidad, paso previo a acudir a los tribunales, decisión que finalmente se tomó ayer. Desde la Comunidad de Madrid despachan esta decisión de García señalando que "lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante".
Así, desde el Gobierno de Ayuso no entran a valorar el fondo del asunto, si bien es cierto que la responsable de la Sanidad madrileña, Fátima Matute, ya expuso hace unos meses cuál es la postura. "Preferimos que sea un tribunal el que nos indique qué hay que hacer, en vez de una ministra sectaria o un Gobierno sectario", afirmó la consejera.
"Con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de conciencia y la libre objeción o cualquier derecho fundamental. Del tribunal evidentemente se acatará la decisión, pero como digo, con la Constitución en la mano, también lucharemos por defender los derechos de libre objeción y de conciencia que tengan los profesionales sanitarios", afirmó Matute.
Y es que para la presidenta, "no se puede señalar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto". En este punto, la jefa del Ejecutivo regional señaló que quien se sitúa fuera de la ley es el Gobierno central pues su normativa de 2023, que obliga a crear este registro de médicos objetores, chocaría precisamente con la Carta Magna.
"El respeto y el anonimato de los profesionales está amparado por la Constitución Española", así como "la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias". "Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes", argumentó. En este sentido, Ayuso avanzó que va a "seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid: el respeto y el anonimato de los profesionales".
"Madrid vive al margen de la ley, en una especie de trumpismo cañí"
"Hay un incumplimiento de la ley fragrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", ha denunciado Mónica García en una declaraciones en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta, recogidas por Europa Press.
García ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que ha resaltado que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores.
""Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso", ha señalado García, quien ha asegurado que la presidenta autonómica ha recortado los derechos de las mujeres.
En este contexto, la ministra de Sanidad ha criticado que la Comunidad de Madrid vive al margen de la ley, en una "especie de trumpismo cañí". "Al final lo tenemos que pagar las mujeres con derechos o los ciudadanos y ciudadanas con derechos que nos han sido relegados después de muchos años de conquista", ha finalizado García.
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid trasladaron hace unos meses a Libertad Digital, cuando estalló la polémica por esta cuestión, que en la región se practicaron en 2024 un total de 20.883 abortos, una cifra ligeramente superior a la de 2023, que fue de 20.482. De ellos, casi 3.000 mujeres provenían de otras comunidades autónomas, fundamentalmente de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.