La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado este martes su rechazo al cierre parcial de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada durante el Consejo de Gobierno, tras la confirmación definitiva por parte del Tribunal Supremo de la obligación de desmantelar las pistas situadas en la vertiente segoviana.
Ayuso ha afirmado que se trata de "una reivindicación de largo". En este sentido, la presidenta regional ha expresado que "es una situación que ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid y contra Castilla y León, contra una actividad histórica en una región como la nuestra, que somos cuna del esquí español, de gran impacto económico, no solo para la región sino específicamente para esos pueblos de la sierra".
La líder del Ejecutivo madrileño ha defendido que la actividad es compatible con el medioambiente y ha advertido sobre las consecuencias económicas del cierre: "Por ahora, la parte de Madrid está asegurada, pero desde luego cuando se desmantela la parte segoviana esto a futuro compromete la nuestra porque perjudica la viabilidad de toda la estación".
Ayuso ha subrayado que continuarán trabajando junto a los municipios afectados y ha exigido al Gobierno central que deje de perjudicar a los pueblos implicados: "Que deje de hacer daño gratuito, anda que no puede hacer cosas, siempre elige hacer daño, que deje de perjudicar a estos pueblos que no tienen la culpa de nada".
El cierre de Navacerrada
El cierre parcial de Navacerrada se produce tras años de litigio entre la Junta de Castilla y León, la empresa concesionaria y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2024, que consideraba caducada la concesión administrativa de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque, cuya vigencia finalizó en 2021. Como resultado, deberán desmontarse infraestructuras y restaurarse los entornos naturales afectados.
Aunque la vertiente madrileña seguirá operativa gracias a la concesión otorgada por la Comunidad en 2024, que garantiza la actividad en zonas como Guarramillas, desde el Ejecutivo regional alertan sobre el riesgo que supone la desaparición de la parte segoviana para la viabilidad económica global del complejo.
El cierre afecta a miles de empleos directos e indirectos vinculados al turismo y el esquí, y ha generado preocupación entre asociaciones del sector y colectivos ciudadanos como Hijos del Guadarrama, que mantienen su intención de recurrir la medida incluso ante instancias europeas, como el Tribunal de Estrasburgo.,