Hace unos días, el diario salvadoreño El Faro publicó una información que ha traído fuertes críticas en el país centroamericano: una negociación entre el Gobierno del presidente Mauricio Funes y los principales líderes de las Maras encarcelados para que éstos sean trasladados a cárceles de menor seguridad a cambio de un cese de los asesinatos ocasionados por estos violentos pandilleros.
Según dicha información -firmada por los periodistas Óscar Martínez, Carlos Martínez, Sergio Arauz y Efren Lemuslos-, los beneficiados por este acuerdo son los principales líderes de Barrio 18, entre ellos los peligrosos Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias Viejo Lin; Carlos Alberto Rivas Barahona, alias Chino Tres Colas; Víctor Antonio Cerón García, alias Duke, y Frank William Martínez, alias Cholo William. También están otros 12 de la Mara Salvatrucha como Borromeo Enrique Solórzano, alias El Diablito, y Ricardo Adalberto Díaz, alias La Rata. El Faro señala que "nunca antes tantos reos de alta peligrosidad que pertenecen a pandillas habían sido trasladados en un solo movimiento a cárceles de menor seguridad".
Lo que estaría buscando con esto el Gobierno, siempre según El Faro, es que los líderes pandilleros ordenen el cese de los asesinatos en El Salvador. De hecho, aporta un dato y es que desde que los traslados se hicieron efectivos, las muertes violentas han bajado en varias zonas del país. Sin embargo, hay algo que no está claro: lo que cede el país. Hay dos teorías: la primera es que además de estos cambios, también se les estaría dando a las familias de cinco líderes encarcelados hasta 10.000 dólares en efectivo. La otra es que el beneficio del traslado incluye también mejoras de las condiciones carcelarias.
Hasta ahora las condiciones eran extremas como en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, una de las dos cárceles junto a Zacatrás desde donde se trasladó a algunos de los delincuentes. Ahí, los presos más peligrosos sólo tienen un acercamiento con sus allegados a través de un cristal y, además, sólo pueden ver la luz solar durante apenas tres horas al día. La seguridad se extrema aún más cuando vuelven de audiencias judiciales o de visitas médicas: son obligados a permanecer en una celda de aislamiento hasta defecar frente a los guardias para así asegurarse de que no intentan introducir ningún objeto prohibido.
Como es evidente, esta posible negociación ha traído mucha polémica en El Salvador. El Faro se comunicó con el director general de Centros Penales, Nelson Rauda, para pedirle una explicación. El funcionario se limitó a señalar que "por órdenes superiores" se trataba de una "información confidencial" y que el único portavoz en esa materia era Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad. Sin embargo, no lograron obtener respuesta alguna del general pese a las numerosas llamadas que hicieron tanto a su despacho ministerial como a su móvil personal.
Días después, más concretamente este pasado domingo, Payés dio una respuesta en una entrevista televisiva aunque lo negó todo: "No estamos negociando con pandillas, nuestro gobierno no tiene ninguna negociación con los pandilleros. La relación que tenemos con las pandillas está enmarcada en los planes para combatirlas. No hay día de la semana que no tengamos una operación para golpear a las estructuras". El diario La Prensa Gráfica reflejó otras palabras del ministro: el traslado es "parte de la estrategia de seguridad". Otros medios recordaron otra de sus justificaciones: "Debido a que la ley establece que los reos sólo pueden permanecer un 10% de la pena en penal de máxima seguridad".
Ante la duda, otros diarios también han ampliado la investigación. Por ejemplo, Diario Digital ContraPunto aseguró que había hecho sus propias averiguaciones: "Pudimos confirmar que ha habido esa negociación entre las partes, en la que están involucrados altos personeros del actual gabinete de seguridad y los líderes de las dos maras más importantes". Además, el diario cree que "el gobierno difícilmente reconozca esa negociación porque 'puede ser políticamente correcta, pero un disparate ético: ¿negociar con delincuentes?'".
En su editorial de este lunes, El Faro subrayó que "la información fue confirmada por muchas personas de diferentes círculos, que no tienen ni relación entre sí ni comunicación ni intereses comunes" y respondió al ministro Payés, quien hace unos días dijo que "el trabajo de El Faro era muy arriesgado y que podíamos estar en peligro" al tiempo que pidió "que recordaran lo que le sucedió al documentalista Cristian Poveda", en relación al asesinato del fotógrafo hispano-francés ocurrido en septiembre de 2009.