El presidente de Paraguay ha estado en los últimos años más involucrado en temas personales que políticos desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2008. Primero por algunos casos de paternidad y después por un cáncer que le afectó durante el año 2010.
Esta vez, el protagonismo de Fernando Lugo es político ya que será sometido a un juicio político por petición del principal partido de la oposición, el Partido Colorado. Lo más sorpresivo fue el apoyo contundente a esta solicitud del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el segundo grupo político más poderoso de Paraguay, que también además hace coalición con el Gobierno. Con ese respaldo, la propuesta de someter al exobispo a un juicio político fue aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.
Los 17 muertos durante un choque armado entre policías y campesinos durante un desalojo en Curuguaty, el pasado día 15, que tiñó de sangre el enquistado conflicto por la tierra en Paraguay, fueron una de las razones esgrimidas por los cinco diputados designados como fiscales, que también acusaron a Lugo de instigar las ocupaciones de tierras en la región sojera de Ñacunday, en la frontera con Brasil.
"Golpe de estado exprés"
En una entrevista concedida a la cadena TeleSur, Fernando Lugo ha acusado a un líder opositor de estar detrás de la decisión del Congreso, considerando que se trata de un "golpe de Estado exprés". El presidente ha señalado directamente a Horacio Cartes, precandidato del Partido Colorado a las próximas elecciones presidenciales, de planificar la acción política.
Lugo ha considerado que se trata de un juicio político "sin razón" e incluso "inconstitucional", ya que de terminar con su expulsión de la Presidencia forzaría la caída del Gobierno, sin esperar al desarrollo de un proceso electoral. La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el jefe de Estado sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
De hecho, esto mismo ocurrió en 1999 cuando el presidente Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño de sus funciones tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Sin embargo, el proceso no siguió su curso normal ya que Cubas renunció antes de que concluyera.
Esta vez, no está previsto que esto ocurra y el propio Lugo lo ha descartado ya que desde su punto de vista porque "no existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política" para que se aleja de su cargo: "Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias".
Sin embargo, hay pocos en Paraguay que ven alguna solución a este paso. El diario Última Hora señala que este mismo viernes habrá una sentencia sobre el caso y que Lugo tendrá dos horas para defenderse, aunque también reconoce que "sería un mero trámite".
Por su parte, el diario ABC de Asunción informó de que el abogado Luis Samaniego, uno de los defensores del presidente Lugo, solicitará una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar: "Los casos son re cortos. Pese a ser un juicio político, deberían alargarse los procesos. Este procedimiento es inconstitucional. No se respeta el debido proceso".
Reacción internacional
La crisis en Paraguay suscitó una inmediata reacción internacional: una delegación de ocho cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), junto a su secretario general, Alí Rodríguez, acudió a Asunción a ver a Lugo por decisión de varios presidentes regionales reunidos en Río de Janeiro con ocasión de la conferencia de desarrollo sostenible de la ONU.
El que no ha podido dejar de opinar al respeto es Evo Morales. Para el boliviano, las razones son claras: "Este golpe de Estado que se gesta en el Paraguay contra un presidente democráticamente elegido y apoyado por la mayoría del pueblo, es un atentado contra la conciencia de los pueblos y contra los gobiernos que hoy impulsan profundas transformaciones en sus países de manera pacífica".
EEUU tampoco ha estado ajeno al caso. El portavoz del Departamento de Estado para América Latina, William Ostick, ha pedido respeto al debido proceso y transparencia: "En consonancia con el compromiso hemisférico con la democracia, es importante que la democracia de Paraguay y sus instituciones gubernamentales sirvan a los intereses del pueblo paraguayo", por lo que insistió que "es sumamente importante que estas instituciones actúen de manera reflexiva y transparente, y que los principios del debido proceso y los derechos de los acusados sean respetados escrupulosamente".