(Libertad Digital) Los funcionarios cubanos tendrían amplias facultades para investigar, capturar y hasta interrogar a cubanos que residan en el Venezuela, o incluso a ciudadanos de este país que sean requeridos por la justicia castrista, en cooperación con la policía política del régimen de Chávez.
Se trata de la nueva "Ley sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal", aprobada el pasado 22 de diciembre. Según la información del Nuevo Herald, esta normativa otorga amplios poderes discrecionales a jueces y funcionarios del Estado cubano, para administrar justicia valiéndose de los recursos y la estructura judicial de Venezuela.
En Venezuela residen 30.000 disidentes cubanos, y, según lo expertos consultados por el diario de Miami, la nueva ley podría convertirse en un formidable instrumento para castigar a esta comunidad.
El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Tulio Álvarez, ha declarado al Nuevo Herald que "es un convenio que viola absolutamente la soberanía de Venezuela. Es un convenio peligroso''. Y agregó que lo más grave es que "permite a los funcionarios cubanos, en forma directa, sin ningún tipo de vía judicial, investigar en Venezuela bienes, personas y allegados a esas personas para juicios en Cuba, prácticamente sin límites''.
El acuerdo de 19 artículos, cuya primera versión ya había sido elaborada cuando Chávez llegó al poder en 1999, fue sancionado por la Asamblea Nacional en enero del 2004, y establece que la cooperación tendrá un carácter “confidencial". Aunque en uno de sus artículos descarta su aplicación para delitos políticos, si que prevee en estos casos una negociación entre los ministros de Justicia de ambos países.
Otro de los expertos consultados por El Nuevo Herald, Jesús Quintero, profesor de derecho penal de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con sede en Caracas, alerta de que ''si se trata de un delito político o militar el que está siendo objeto de investigación en Cuba, y sobre el cual se pide asistencia a la autoridad venezolana, la autoridad venezolana se puede rehusar a prestar esa asistencia. Pero antes de negarse formalmente, la autoridad venezolana debe consultar con la autoridad cubana sobre la posibilidad de que conceda la asistencia con otras condiciones que se estimen necesarias. En definitiva, sí se podría prestar la asistencia en casos políticos o militares''.
"El sistema judicial venezolano al servicio de una justicia totalitaria"
El jurista venezolano añade que el convenio “está poniendo el sistema judicial venezolano, que todavía tiene un carácter democrático, al servicio de una justicia totalitaria. Y el temor es que el gobierno de Cuba vaya a perseguir a personas en territorio venezolano''.
Así, los exilados cubanos en Venezuela, aunque sean nacionalizados, estarán sometidos a las disposiciones de este convenio. El Nuevo Herald destaca que, según el Artículo 1 del instrumento legal, los funcionarios cubanos podrán:
Recibir testimonios o declaraciones (interrogatorios).
Acceder a documentos, expedientes y elementos de prueba.
Localizar o identificar personas (captura de sospechosos).
Trasladar personas detenidas para prestar tertimonio u otros motivos.
Ejecutar solicitudes de registro, embargo y retención preventiva de bienes.
Inmovilizar activos.
Asistir en incautaciones, indemnizaciones y ejecuciones de multas.
Además, es muy significativo que el convenio establece que la cooperación se prestará "independientemente de que el motivo de la investigación, el enjuiciamiento o el procedimiento en el Estado Requiriente sea o no un delito con arreglo a las leyes del Estado Requerido".
Por último, el profesor de la UCAB, consultado por el rotativo de Florida, resume las situaciones que se podrían dar con la nueva ley. Así, explica que un policía o agente de seguridad cubano puede ir a Venezuela a interrogar a un testigo, sea cubano o venezolano. ”El tratado no establece cómo va a ser evacuada una diligencia de esta clase, lo cual genera preocupación por el posible uso de medios violentos''.
En segundo lugar, destaca que un ciudadano venezolano puede ser trasladado a Cuba para declarar. Y si el juez cubano considera que la persona ha incurrido en falso testimonio o en injurias al tribunal, a esa persona se le puede abrir un juicio en Cuba, “sin ninguna garantía de que esa persona sea devuelta a Venezuela''.
También reseña que podrían abrirse juicios en Cuba contra una persona que se haya refugiado en Venezuela, por lo que ”Venezuela deja de ser un santuario de protección para perseguidos politicos cubanos''.
Y por último, si un ciudadano venezolano escribe o pronuncia públicamente una opinión en contra de Fidel Castro, y la dictadura castrista considera que estas declaraciones produjeron un daño con consecuencias negativas para Cuba, esa persona puede ser enjuiciada en la isla “por ser enemigo político del régimen''.
