L D (Agencias) Las discusiones entre los jefes de gobierno de la Unión Europea revelaron que la Convención, presidida por Valery Giscard D'Estaing, cerró en falso dos de los capítulos más delicados del "paquete" institucional.
El primero se refiere a la composición y tamaño de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario. Así, frente a la idea introducida por la Convención de que el colegio de comisarios quede restringido a 15 miembros, incluidos su presidente y vicepresidente, con derecho a voto, y una serie de comisarios a secas , sin capacidad para votar, la inmensa mayoría de los estados "pequeños", con Austria a la cabeza, exigieron la vuelta al principio de "un comisario por país", de modo que la futura Comisión pudiera tener 25 miembros, tantos como países socios la UE.
El segundo gran escollo identificado en la cumbre de Bruselas ya se había advertido con antelación, y atañe a la definición de la "mayoría cualificada" en las votaciones dentro del Consejo de ministros, la institución que toma las decisiones definitivas en la UE. España y Polonia rechazan en solitario el nuevo método de la "doble mayoría" y prefieren conservar la "reponderación" de votos establecida en el Tratado de Niza, que les atribuyó un peso en el Consejo muy cercano al de los cuatro "grandes": Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
Diferencias de criterio
En esta sesión de la CIG en Bruselas se percibió, sin embargo, una diferencia de acento entre españoles y polacos. Mientras que el presidente español, José María Aznar, dijo estar dispuesto a estudiar "cualquier oferta" que preserve "los equilibrios" fundamentales de Niza, su homólogo polaco, Leszek Miller, descartó cualquier solución que no sea la ponderación de Niza. En este sentido, Berlusconi ha anunciado que mantendrá próximamente entrevistas con ambos, y también con otros dirigentes, para abrir el camino a la propuesta que quiere presentar en noviembre próximo.
En ese plan, Berlusconi seguro que jugará con todos los ingredientes a su alcance: votos, comisarios, escaños en el Parlamento, umbral de población y extensión del ámbito de decisiones por mayoría. No obstante, el primer ministro italiano dejó claro que su oferta no supondrá una "rebaja" respecto a los avances logrados por la Convención, que durante año y medio debatió de forma transparente y democrática el primer proyecto de Constitución común para Europa.
Confianza en la economía
En víspera de esta nueva batalla por el poder, los líderes aprovecharon la cita de Bruselas para poner una nota de confianza en el futuro de la economía. El Consejo Europeo ha respaldado la llamada "iniciativa de crecimiento", esto es, un ambicioso plan de inversiones multimillonarias en grandes proyectos de infraestructuras de interés común en los ámbitos del transporte, la energía, las telecomunicaciones, y proyectos de investigación e innovación, no sin antes eliminar todos sus ribetes "keynesianos".
Así, las conclusiones del Consejo Europeo advierten de que la "iniciativa de crecimiento" deberá ser compatible con el Pacto de estabilidad del euro, que fija un límite estricto del 3% del PIB para los déficit públicos nacionales. Pero la pelea verdadera se producirá en diciembre cuando los Quince tengan que decidir a qué proyectos concretos y con qué porcentaje de dinero europeo se destinarán los primeros fondos.
El primero se refiere a la composición y tamaño de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario. Así, frente a la idea introducida por la Convención de que el colegio de comisarios quede restringido a 15 miembros, incluidos su presidente y vicepresidente, con derecho a voto, y una serie de comisarios a secas , sin capacidad para votar, la inmensa mayoría de los estados "pequeños", con Austria a la cabeza, exigieron la vuelta al principio de "un comisario por país", de modo que la futura Comisión pudiera tener 25 miembros, tantos como países socios la UE.
El segundo gran escollo identificado en la cumbre de Bruselas ya se había advertido con antelación, y atañe a la definición de la "mayoría cualificada" en las votaciones dentro del Consejo de ministros, la institución que toma las decisiones definitivas en la UE. España y Polonia rechazan en solitario el nuevo método de la "doble mayoría" y prefieren conservar la "reponderación" de votos establecida en el Tratado de Niza, que les atribuyó un peso en el Consejo muy cercano al de los cuatro "grandes": Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
Diferencias de criterio
En esta sesión de la CIG en Bruselas se percibió, sin embargo, una diferencia de acento entre españoles y polacos. Mientras que el presidente español, José María Aznar, dijo estar dispuesto a estudiar "cualquier oferta" que preserve "los equilibrios" fundamentales de Niza, su homólogo polaco, Leszek Miller, descartó cualquier solución que no sea la ponderación de Niza. En este sentido, Berlusconi ha anunciado que mantendrá próximamente entrevistas con ambos, y también con otros dirigentes, para abrir el camino a la propuesta que quiere presentar en noviembre próximo.
En ese plan, Berlusconi seguro que jugará con todos los ingredientes a su alcance: votos, comisarios, escaños en el Parlamento, umbral de población y extensión del ámbito de decisiones por mayoría. No obstante, el primer ministro italiano dejó claro que su oferta no supondrá una "rebaja" respecto a los avances logrados por la Convención, que durante año y medio debatió de forma transparente y democrática el primer proyecto de Constitución común para Europa.
Confianza en la economía
En víspera de esta nueva batalla por el poder, los líderes aprovecharon la cita de Bruselas para poner una nota de confianza en el futuro de la economía. El Consejo Europeo ha respaldado la llamada "iniciativa de crecimiento", esto es, un ambicioso plan de inversiones multimillonarias en grandes proyectos de infraestructuras de interés común en los ámbitos del transporte, la energía, las telecomunicaciones, y proyectos de investigación e innovación, no sin antes eliminar todos sus ribetes "keynesianos".
Así, las conclusiones del Consejo Europeo advierten de que la "iniciativa de crecimiento" deberá ser compatible con el Pacto de estabilidad del euro, que fija un límite estricto del 3% del PIB para los déficit públicos nacionales. Pero la pelea verdadera se producirá en diciembre cuando los Quince tengan que decidir a qué proyectos concretos y con qué porcentaje de dinero europeo se destinarán los primeros fondos.