Además, el Ministerio Público rechaza la admisión a tramite de esta acción penal, pero pide que sea el juez Ismael Moreno y no Garzón quien proceda a su archivo.
La Fiscalía atribuye así al juez Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, la competencia de esta causa al ser quien instruye la causa sobre los vuelos ilegales de la CIA a esta prisión y no Garzón. En consecuencia, el Ministerio Público entiende que "procede devolver la querella al Decanato para que en estricto cumplimiento de las normas de reparto acuerde su envío al Juzgado Central de Instrucción número 2, como único órgano judicial competente, al objeto de que proceda a su inadmisión a trámite".
Garzón suelta la causa obligado
En su argumentación, el fiscal considera que "no es aceptable que el Decanato haya remitido directamente la querella al Juzgado de Instrucción número 5 --que dirige Garzón-- en atención a la incorrecta e insuficiente referencia sobre 'antecedentes' que se menciona en la querella criminal interpuesta, y a una interpretación de los mismos absolutamente alejada de la hermeneútica procesal".
Por ello, Garzón remitió este mismo viernes al Juzgado Central de Instrucción Decano --cuyo titular es el magistrado Santiago Pedraz-- dicha querella. Así, el magistrado especifica en una providencia, hecha pública a última hora de la mañana, que "dada cuenta" del citado informe remite la querella al Decanato para que "proceda de acuerdo con las normas de reparto" y lo remita "al Juzgado que corresponda".
"No son responsables"
Según el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, los querellados no son responsables directos de un delito de torturas, tal y como pretenden los denunciantes.
Los denunciados son Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos, y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
Los querellantes, letrados que representan a la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España, denunciaron estos hechos ante Garzón al estimar que él era competente para investigarlos, ya que tiene una causa en la que figuran varios ciudadanos españoles o residentes en España que llegaron a estar presos en Guantánamo.
Ayer, la Fiscalía General, encabezada por Cándido Conde Pumpido, acusó a Garzón de querer "convertir la Audiencia Nacional en un juguete" buscando "determinado protagonismo".