Lo que parece estar claro es que Manuel Zelaya se siente mucho más cómodo fuera de su país sobre todo por las atenciones que recibe en los países alineados con Hugo Chávez. De hecho, después de que la idea de colocarlo al frente de la OEA se cayera ante el rechazo continental, el presidente venezolano le consiguió un cargo en Petrocaribe, un organismo petrolero regional.
Desde que fue destituido de su cargo por sus intenciones de perpetuarse en el poder con cambios en la Constitución de su país -una práctica normal entre los miembros del ALBA-, Zelaya no ha dejado de reclamar la devolución de su cargo pese a que en la actualidad el presidente Porfirio Lobo fue elegido presidente el pasado mes de noviembre en unas elecciones que todos los observadores calificaron de válidas por la inexistencia de problemas.
Este mismo miércoles, la Fiscalía de Honduras anunció la amnistía de Zelaya para los delitos políticos que se le imputaba por sus maniobras al frente del país antes de ser destituido. En un comunicado, se señaló que "se ha procedido al archivo administrativo de los expedientes". Además, el portavoz de la Fiscalía, Melvin Duarte, explicó que "se aplica la amnistía y que en los otros delitos que no son abarcados por la amnistía se pide que sea escuchado en libertad". Sin embargo, parece ser que Zelaya, que tanto ha insistido en volver, ahora prefiere no hacerlo por miedo a ser detenido a su llegada a Tegucigalpa. Es por eso que el propio presidente Lobo se ha mostrado dispuesto a viajar a la República Dominicana para acompañarle en su regreso.
Lo cierto es que en el caso de que vuelva, Zelaya aún tiene que rendir cuentas a la Justicia hondureña por las recientes acusaciones por fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad, en especial por el desvío de fondos públicos bajo su administración. El asesor del Fiscal General de Honduras, Rigoberto Espinal, señaló al canal colombiano NTN24 que se trata de un caso de corrupción y que es muy posible que Zelaya no quiera volver al país para evitar ser detenido. Y es que el expediente 081-2009-31126 indica: "Que se liberen órdenes de captura nacionales e internacionales, alertas migratorias, se reciban declaraciones del imputado, se aplique la detención judicial como medida cautelar por el término para inquirir".
Para evitar nuevas suspicacias, Espinal agregó que "los pueblos de América deben entender que el problema de Manuel Zelaya Rosales no es un problema que surgió de una conspiración de Palacio, para causarle daño: son actuaciones que vienen sucediendo a lo largo de varios años, antes del 28 de junio", el día en que fue expulsado de Honduras.