Hace más de un mes que el autodenominado movimiento 15-M tomó la calle en una multitudinaria manifestación en Madrid para pedir "Democracia Real Ya": críticas a los políticos, los banqueros y al sistema en general. La marcha terminó con violentos disturbios y detenciones.
A partir de ese momento, las acampadas proliferaron en distintas ciudades, con su epicentro en la Puerta del Sol de la capital. El ministro del Interior y la delegación del Gobierno decidieron no desalojar a los indignados. No lo hicieron cuando los comerciantes, angustiados, denunciaban un día sí y otro también el grave perjuicio que para ellos estaba suponiendo el campamento. Ni si quiera lo llevaron a cabo cuando la Junta Electoral Central prohibió las concentraciones en la jornada de reflexión.
En aquel momento, Rubalcaba justificó la inacción de los agentes señalando que "la filosofía" de la Policía se sustenta en tres normas de funcionamiento, "que son que sus actuaciones sean congruentes, oportunas y proporcionadas", ya que "buscan resolver problemas y no crear más problemas donde no los hay".
Los periodistas se afanaban en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros en obtener del responsable de Interior y vicepresidente del Gobierno una respuesta clara sobre si habría desalojo en Sol. Rubalcaba sólo pronunciaba una afirmación: "Vamos a cumplir con el mandato constitucional; vamos a cumplir con las leyes". Pero no lo hizo así. Y los indignados han permanecido en el centro de la capital casi 4 semanas, hasta el domingo 12, cuando decidieron por mayoría abandonar el campamento, aunque no del todo: allí han construido una estructura de madera que sirve como punto de información.
La acción de los indignados hasta ahora en Madrid se puede resumir en la acampada ilegal, concentraciones frente al Congreso de los Diputados, abucheos a las puertas de la casa del alcalde Ruiz Gallardón, acudir en masa para evitar desahucios y manifestación, con corte de tráfico incluida, de madrugada por las principales arterias de la capital. Ésta se produjo el mismo domingo que decidieron abandonar el kilómetro 0.
Pero en otras ciudades los incidentes han llegado a mayores. En Murcia varios de ellos tomaron la sede de la televisión autonómica y asaltaron un centro comercial. En Valencia concentrados frente a las Cortes atacaron con botellas y tijeras a la Policía. Fue precisamente en esta ciudad donde Rubalcaba anuló un acto con la militancia socialista, lugar al que tenía pensado acudir en calidad de candidato del PSOE.
Tras esta decisión y después de alabar la actuación de la Policía, afirmó: "le tengo que decir a todo el mundo que esa prudencia (de los agentes) se transformará en firmeza si hay violencia, porque no vamos a consentir que haya violencia en ninguna manifestación, en ningún sitio de España y no vamos a consentir que los derechos de los ciudadanos se vean menoscabados". En esos momentos, los comerciantes de Sol calculaban sus pérdidas en más de treinta millones de euros.
Sus palabras no pudieron ser más premonitorias. La imagen de los diputados catalanes escoltados y otros, entre ellos el presidente Artur Mas, volando en helicóptero para poder acceder a un Parlamento asediado copó todas las portadas de periódicos y comenzó a despertar la crítica política y de los medios que hasta ahora habían visto con buenos ojos al movimiento. Los disturbios pillaron al ministro reunido y su primera reacción fue el silencio más absoluto. Ya, este jueves, un día después, Pérez Rubalcaba ha sido más contundente asegurando que actuará "con firmeza frente a los violentos".
No obstante daba alguna que otra clave de cuál seguiría siendo su comportamiento y actuación con respecto al 15-M: la Policía actuará "con inteligencia y prudencia con quien tiene comportamientos pacíficos como se viene haciendo". Y este jueves mismo se producía la autorización de la Delegación del Gobierno a la manifestación que el 15-M ha organizado para este domingo y que colapsará Madrid.
Distintas reacciones al menoscabo de derechos
El pasado mes de diciembre, los controladores aéreos convocaron una huelga ilegal, socavando los derechos de miles de ciudadanos. Salvando las distancias, también ahora los derechos de muchas personas se han visto conculcados. La respuesta del Ejecutivo en uno y otro caso no ha podido ser más distinta. En el primero actuó con firmeza, con demasiada para muchos cuando decretó y prorrogó el estado de alarma. Ahora lo hace con tibieza, con grandes dosis de ella para otros tantos.
El contexto es diferente. El movimiento 15-M y lo que le rodea ha cogido al PSOE sumido en sus luchas internas y, ya después, en una profunda crisis tras la debacle electoral. Alfredo Pérez Rubalcaba compatibiliza sus cargos de ministro, vicepresidente y portavoz del Gobierno con su candidatura a las elecciones generales. A finales de septiembre el partido celebrará su Conferencia Política, de donde saldrán las propuestas e ideas que integrarán su programa electoral.
Muchos son los socialistas que proponen un giro a la izquierda o el replanteamiento de sus teorías. Tomás Gómez ha sido uno de los que más ha insistido en este sentido. También fue él uno de los políticos que intentó acudir a las protestas de la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, antes del 22-M.
Otros dirigentes de izquierda, fundamentalmente de IU, no han ocultado su afinidad con ellos e incluso se han acercardo hasta las protestas. Y Rubalcaba ya ha dejado caer en la Ser sus simpatías por los indignados, una cantera sobre la que el socialismo pretende renovar su discurso. De momento, Rubalcaba ha logrado que no se hable del 22-M, algo más que un naufragio del PSOE.