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Los policías: Garzón decidía "qué era derecho de defensa y qué no"

Uno de los abogados del caso Gürtel dice estar convencido de que hay elementos incriminatorios mencionados por él que se han utilizado en la causa.

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La segunda sesión del juicio al magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, suspendido de sus funciones, por la escuchas del caso Gürtel ha estado centrada en las declaraciones de los agentes de policías que participaron en la observación de las comunicaciones entre los principales imputados en la trama Gürtel y sus abogados en prisión. En total han testificado tres miembros del Cuerpo de Policía, el funcionario que tramitó toda la operación en la Audiencia Nacional y el abogado querellante Ignacio Peláez.

El dato más llamativo es que los dos policías de la UDEF que han declarado este miércoles en el juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo coinciden en señalar que era el propio magistrado instructor el que hacía la selección de las conversaciones que podían afectar al derecho de defensa de los imputados en la trama. "El juez adquirió ese rol", subrayo un agente.

Para ello, el mecanismo era el siguiente: primero se grababan todas las comunicaciones entre los letrados y acusados en los locutorios carcelarios y luego se transcribían para enviárselas al juez. Una vez en poder del magistrado, desde el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional se hacía la criba con ayuda de las fiscales Anticorrupción. Previamente, era obvio que se accedía a las escuchas de forma íntegra, y por ende, a las estrategias de defensa de los imputados en Gürtel.

La medida judicial, a todas luces extraordinaria ya que la Ley sólo la contempla para los delitos de terrorismo, despertó dudas tanto en los agentes de policía que debían ejecutarlas como en la dirección de Instituciones Penitenciarias. Según ha desvelado uno de los policías la exdirectora general de este organismo, Mercedes Gallizo, se puso en contacto por escrito con el propio Garzón para que le explicase qué había que hacer y lo que era más importante, cómo había que espiar a los cabecillas de la trama Gürtel internados en la madrileña prisión de Soto del Real. El juez dejó que a las escuchas accedieran los miembros de la Policía Judicial pero prohibió que lo hicieran los funcionarios de prisión.

Durante el juicio, el inspector jefe de la Policía Judicial encargado de intervenir las conversaciones en la prisión de Soto del Real ha testificado que ellos trataron de dar cumplimiento al auto donde Garzón ordenó las escuchas ante el temor de que los acusados seguiese blanqueando dinero desde la cárcel. En ese auto, el juez también decía que había que prevenir el derecho de defensa de los acusados. Algo de lo que se quiso encargar personalmente.

Otro de los agentes reconoció que se grababan las conversaciones "de todos los abogados" que despachaban con Francisco Correa y Pablo Crespo –los cabecillas de la trama corrupta- en la cárcel. Es decir, que los pinchazos eran indiscriminados.

Por su parte, uno de los funcionarios del juzgado de Garzón que ha declarado en la vista, Vicente Maroto, ha asegurado que el magistrado estaba "obsesionado" con ese extremo: preservar el derecho de defensa.

Peláez denuncia los pinchazos

También este miércoles en el turno de las pruebas testificales donde ha declarado el abogado querellante, Ignacio Peláez. El letrado, que fue espiado por orden de Baltasar Garzón, ha señalado que se sintió "sorprendido" cuando se enteró que las conversaciones que él mantuvo con los imputados en la trama Gürtel eran conocidas por la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal y el propio juez instructor que a posteriori tenía que interrogar a su cliente, el acusado José Luis Ulibarri.

"Tenían elementos incriminatorios que yo podía haber desvelado en la prisión y que se estaban utilizando", ha enfatizado Peláez.

Además, el letrado ha recalcado que su mayor "preocupación" a día de hoy es que no sabe a cuánta información confidencial accedió Garzón y la Fiscalía durante la instrucción de Gürtel. "Lo que me preocupa es que no tengo datos, yo no sé todo lo que se ha oído. No todo se ha transcrito, ese es mi gran problema", resalta el querellante.

"El hecho de que se me esté escuchando ya me parece grave", insiste Peláez. Es un "quebrantamiento del derecho a la intimidad", destaca.

Preguntado por si el día que su cliente declaró ante Garzón, el 4 de marzo de 2009, se le formuló alguna pregunta relacionada con lo hablado en prisión, el abogado ha respondido: "El informe de la Policía ya estaba en su poder. Ya sabía (Garzón) qué iba a declarar mi cliente. Él conocía las respuestas. No iba a preguntar lo que ya sabía. Sería estúpido". Peláez ha allegado así a la conclusión de que Garzón conocía todos los "movimientos" que iba a hacer Ulibarri.

El testigo ha sostenido que los datos obtenidos en las conversaciones siguieron utilizándose después y ha asegurado que se sintió extrañado por la "sagacidad" de la Fiscalía en los interrogatorios cuando Ulibarri volvió a declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. "O habían escuchado las conversaciones o no entiendo cómo hacían esas preguntas", ha dicho.

El juicio concluirá este jueves con el derecho a la última palabra del acusado, Baltasar Garzón.

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