El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, volvió a justificar este martes la denominada "vía Nanclares", puesta en marcha por el ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, como el método más eficaz para gestionar la reinserción de los terroristas de ETA que cumplen penas de prisión.
En su comparecencia en la comisión de Interior del Senado, y como ya había hecho hace un mes en la Cámara Baja, se amparó en el artículo 25 de la Constitución para "impulsar una reinserción individualizada", al tiempo que afirmó que su política se basará en este punto en la aplicación de la ley y en el mantenimiento de la memoria de las víctimas del terrorismo.
"El ministerio tiene claros cuáles son los pasos que requiere el estricto cumplimiento de la Ley y no permitirá que exista otro guión que el que resulta de la aplicación rigurosa de la legalidad, con todo su rigor y toda su generosidad", dijo.
"Nadie, insisto, nadie, va a imponer el ritmo o la hoja de ruta a este Gobierno. Ni la banda terrorista, cuyo único destino es la extinción, ni la izquierda abertzale –en alusión al brazo político de la banda–, a la que le falta tiempo para pedirle a ETA su disolución, ni ningún otro interesado, directo o indirecto, que pretenda contaminar el relato del pasado o del presente. Para quienes confiamos en el Estado de Derecho, no es necesario ni admisible otro guión que el que resulta de la aplicación de la Ley", añadió Fernández Díaz.
El ministro insistió también en la importancia de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo, que deben ser un ejemplo moral para la tragedia que se ha vivido en España "no vuelva a suceder". Recordó que su departamento, de la mano de la consejería vasca de Interior, está impulsando un memorial en la comunidad vasca que recuerde a los asesinados por ETA, de lo anunció que habrá un boceto en los próximos seis meses.
En esta línea, avanzó que habrá una leve reforma en la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada en 2011 para clarificar unos puntos sobre las víctimas de atentados en el extranjero y en lo referido a los que han sido víctimas de secuestros.
Fernández Díaz dio también datos sobre los escoltas. Según dijo, el impacto económico de estos servicios de seguridad es de 160 millones de euros anuales, de los que 100 millones sirven para el pago de los escoltas privados en el País Vasco y Navarra. Asimismo, añadió que se reducirá su número debido al cese definitivo de la violencia por parte de ETA, aunque algunos cargos públicos la mantendrán en función de los análisis personalizados de seguridad.