Invercaria, el caso paralelo al de los ERE que tiene a Laura Gómiz como protagonista estelar, empieza a "tomar cuerpo", como dice El País. En este caso no es la juez Alaya, sino el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, el que ha decido abrir diligencias penales por el caso y lo ha comunicado, entre otras instancias, al fiscal general del Estado. Hay que recordar que el caso Invercaria saltó a la luz como consecuencia de una investigación de la Cámara de Cuentas y que su expresidenta fue "retratada" en unas "grabaciones en las que presuntamente presionaba a un directivo para elaborar informes falsos sobre las ayudas que Invercaria otorgaba sin control".
El fiscal detalla en un decreto una decena de irregularidades en préstamos sin publicidad y con escasa documentación que contravienen la Ley de Contratos del Sector Público, y recomienda al juez instructor del caso que analice los 278 préstamos por 62 millones concedidos por Invercaria, dedicada al capital riesgo, desde su creación en 2005.
El fiscal jefe aprecia indicios de delito para investigación penal y contable en este caso en los últimos seis años. Además, García Calderón toma esta decisión también teniendo como referencia la instrucción que se sigue en el juzgado número 16 de Sevilla, que es a donde se remitió la denuncia presentada por el directivo de Invercaria, Cristóbal Cantos, que incluía la ya famosa grabación de la conversación que mantuvo el 26 de abril de 2011 con la expresidenta de Invercaria, en la que esta, al parecer, le daba órdenes para que redactara informes con fechas y datos falsos sobre ayudas a empresas que ya habían sido concedidas.
Impulso a la investigación
La petición del Ministerio Público da impulso a una investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla. La policía ya subrayó cómo en 2009 se concedieron ayudas a 39 empresas y 30 de ellas sufrieron pérdidas ese año. Los préstamos se concedieron a veces sin previos informes,sin análisis del riesgo que suponía e incluso por importe superior al capital social de la entidad. Además, las empresas tenían empleados que cobraron de las compañías pese a que no figuraban en su relación de puestos de trabajo.
Los agentes subrayaron el escaso o nulo seguimiento que tuvieron ciertas empresas por parte de la Junta. Hay casos concretos de préstamos que superaron el millón de euros, seguidos de otra ayuda menor de 100.000 euros. Al poco tiempo la empresa contaba con un agujero contable por 1,1 millones y no denotaba signos de actividad.
La Fiscalía Superior ha remitido también al Tribunal de Cuentas los indicios de responsabilidades contables. De este modo, la compleja investigación que define el fiscal tiene visos de continuar de forma paralela entre el Tribunal de Cuentas para la investigación contable y el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla para la investigación penal.
Tanto la Policía como el fiscal superior han investigado basándose en el informe de la Cámara de Cuentas, de ahí que recomienden al juez ordenar una serie de diligencias que incluyen el examen de todas las ayudas concedidas. La Cámara de Cuentas subrayó anomalías como el incumplimiento de las normativas sobre contrataciones y subvenciones, la concesión discrecional de préstamos, pagos irregulares a su personal directivo, y el uso injustificado de una tarjeta de crédito por su presidente, entre otras.
El juez analiza tanto la supuesta petición por parte de la expresidenta Laura Gómiz de realizar informes falsos que denunció un exdirectivo, como las grabaciones aportadas por él. "Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización", llegó a decir Gómiz, según las cintas. Pero ahora la Fiscalía Superior le pide al magistrado que dé un paso de gigante porque ve indicios de delito en la gestión de los seis años de vida de la empresa pública.
En esas grabaciones, Gómiz admitía en numerosas ocasiones que las ayudas se habían repartido sin respetar procedimiento alguno y que las altas instancias de la administración autonómica estaban al tanto. "Todos los que están por encima saben lo que hay en Invercaria", dijo en aquella conversación la entonces expresidenta, que tuvo que presentar su renuncia tras estallar el escándalo.
Aparentemente, Gómiz pidió al directivo que modificara a posteriori esos informes como consecuencia de la auditoría que estaba realizando la Cámara de Cuentas. En esa cinta, Gómiz reconocería las irregularidades, presionaría a Cantos y, cuando este mostrara reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanjaría la cuestión con una máxima contundente: "Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización".
José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, defendió la gestión de la empresa pública y se refirió a un informe en el que, según dijo, se detectaban hasta "trece manipulaciones" de la cinta. Griñán, además, trató de desvincularse del nombramiento de esta responsable, a pesar de que fuera designada durante su mandato el 29 de julio de 2010. Además de esta grabación, señalan las fuentes consultadas, la decisión de la Fiscalía del TSJA también está motivada por el informe de la Cámara de Cuentas sobre Invercaria. En este documento se señalaba la existencia de un fondo para repartir dinero público entre empresas de forma discrecional y al margen de los procedimientos administrativos, similar al utilizado de la trama del fraude los ERE de la Junta.