El Gobierno va en serio en su intención de reordenar el modelo autonómico para hacerlo más competitivo. El objetivo, en palabras de Mariano Rajoy, pasa por "arbitrar fórmulas más eficaces de coordinación y reparto de competencias". Una reforma desde dentro con un capítulo especial dedicado a "la eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables con supresión incluso de identidades y organismos que no resistan la prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado".
Si algo preocupa sobremanera al presidente son las comunidades. En su opinión, durante largos años, fueron un pozo sin fondo y esto hay que cambiarlo de raíz. Tanto Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, como Luis de Guindos, de Economía, han destacado en más de una ocasión que son los gobiernos regionales el verdadero motivo de desconfianza en la Unión Europea. Rajoy esperaba tener un inmenso poder autonómico, pero pinchó en Andalucía, a las que se suman Cataluña, País Vasco e Islas Canarias.
El asunto se abordó en el Consejo de Ministros de este viernes, con dos líneas a seguir encima de la mesa. Por un lado, acabar con la maraña administrativa, para la que el Ejecutivo ya tiene perfilada -casi finalizada- una gran reforma bajo el epígrafe 'Una administración, una competencia'. "Gestionar mejor con menos coste", subrayó la portavoz del gabinete. La próxima semana se podrían conocer las líneas maestras.
Por otro, Soraya Sáenz de Santamaría avanzó que será el próximo dieciséis de mayo cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convertido en todo un acontecimiento político. Lo será porque Hacienda ya tendrá preparado el informe sobre los planes de saneamiento de las diferentes comunidades, y dará veredicto sobre cuales son las cumplidoras. Según fuentes solventes, hay "incongruencias" en algunos de los planes remitidos. Además, el Gobierno espera que ése sea el escenario perfecto para abrir el melón autonómico. También puso en valor el papel de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
En este sentido, la vicepresidenta agradeció que el PSOE recogiera el guante del diálogo lanzado por el presidente, si bien en Moncloa no se creen sus buenas intenciones. La vía de los hechos, recalcan, prueba lo contrario, en relación con la decisión del Gobierno de Patxi López de recurrir ante el Tribunal Constitucional los ajustes en educación y sanidad. En opinión del Ejecutivo, la reestructuración del Estado "es un todo" -todas las medidas aprobadas y en camino van en ese sentido- por lo que los socialistas están poniendo trabas antes de sentarse a negociar.
"Alguna comunidad gobernada por el partido que se ofrece a hablar de duplicidades anuncia recurso de inconstitucionalidad. Apreciamos cierta diferencia en la interpretación de cuál debe ser el reparto competencial", expuso la vicepresidenta, no sin cierto toque de ironía. Dicho lo cual, no se cerró a hablar "hasta la extenuación", según su entorno. La meta, dejó claro, bien lo vale: "La igualdad de todos los españoles y una reordenación territorial que permita gestionar mejor los servicios públicos".
El Ejecutivo sabe que le va a costar vender el mensaje. De hecho, auguran críticas de los nacionalistas por la devolución al Estado de las competencias de policía hidráulicas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. "E irá a más cuanto más hagamos", se advierten ellos mismos, a pesar de que buscan un equilibrio que no le haga perder unas relaciones estables con PNV y CiU.
Tan importante ven las negociaciones con los partidos, como también con las comunidades. No quieren imágenes de división que lastren aún más la marca España. Sáenz de Santamaría apeló al "diálogo ante la reordenación", en el marco del Consejo del día dieciséis. "Son las comunidades las que más tienen que cortar y eliminar elementos superfluos", exponen. Y si no lo hacen, expuso a las claras la vicepresidenta, e incumplen el objetivo de déficit del 1,5% para el presente año "se lo tendrán que explicar a sus ciudadanos".
De hecho, aunque de forma velada, Sáenz de Santamaría recordó: existen "mecanismos" para actuar si traspasan la línea roja, en relación a la temida intervención. Rajoy, aseguran, está dispuesto a barajar todas las posibilidades, salvo -en principio- la devolución de competencias. Muchos servicios se verán afectados: transporte, vivienda... Todo para lograr, en voz de la vicepresidenta, una "redefinición" real del Estado que, en última instancia, se hará vía decretos.