El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró este jueves que la organización terrorista cuenta con fondos económicos para aguantar su precaria actividad actual durante poco más de un año, aunque no quiso dar más detalles sobre la "información reservada" con la que cuenta su departamento.
Estas valoraciones llegaron a preguntas de los periodistas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, donde acudió para solicitar un informe de expertos en derecho sobre la legalidad de modificar la ley para que los exiliados por el terrorismo de ETA puedan votar en las elecciones vascas.
El ministro no consideró apropiado decir demasiadas cosas sobre la situación actual de la banda terrorista, aunque sí se mostró convencido y aseguró tener los datos suficientes para decir que está "derrotada policialmente" y que sus estructuras están "muy diezmadas", aunque no "desmanteladas".
En esta línea, afirmó que lo único que debería hacer ETA es "disolverse incondicionalmente", "entregar las armas" que todavía tiene en su poder y "desmantelar las estructuras" que todavía mantiene.
Tras esto, insistió en que el Gobierno "no ha negociado ni negociará" con los terroristas y volvió a menospreciar el supuesto trabajo que vendrían realizando el equipo de mediadores internacionales que encabeza el abogado sudafricano Brian Currin, y que están patrocinados por organizaciones que apoyan un final del terrorismo sin vencedores ni vencidos. "Tenemos nuestros verificadores que son la Policía y la Guardia Civil y con eso nos basta y nos sobra. Con ésos los hemos derrotado y, con ésos, verificaremos su disolución", dijo.
En lo que a los encuentros entre dos víctimas y dos terroristas de ETA que se celebrarán en próximas fechas, Fernández Díaz dijo que la petición de encuentro partió de las dos víctimas, una de Hipercor y otra de otro atentado, y que hicieron la solicitud a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en un caso, y a través del juez de vigilancia penitenciaria en el otro, para encontrarse con terroristas "causantes directos de su desgracia".
En este sentido, recordó que la legislación vigente permite las visitas a los presos de las cárceles siempre que no haya motivos de seguridad para impedirlos, algo que no sucede en este caso, y que por tanto Instituciones Penitenciarias "tiene la obligación de facilitar el encuentro". "Negarnos sería ilegal", concluyó.