Tan consciente de la ilegalidad del "fondo de reptiles" del caso de los ERE debía ser la Junta de Andalucía que la Consejería de Empleo tenía un "plan B" para financiar prejubilaciones después de que la Intervención General de la Junta pusiera objeciones entre 2005 y 2008 al procedimiento de pago que la juez Mercedes Alaya considera ilegal.
ABC cuenta hoy que el plan no cuajó finalmente porque también podría haber incurrido en manifiesta ilegalidad. El plan B quería sustituir la agencia IDEA por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), nido de enchufados del PSOE y UGT, como ente pagador de las ayudas muchas veces fraudulentas.
Es decir, se trataba de sustituir la agencia IDEA por la Fundación para servir al mismo objetivo: discrecionalidad de las ayudas. Para conseguir que fuese la Fundación la mediadora en los fondos se quiso hacer una "encomienda de gestión" desde la Consejería de Empleo, figura muy discutida en los Tribunales andalules porque arrebata funciones a la Administración Pública. De hecho, era una forma más de desviar fondos y funciones a la administración paralela construida por el PSOE en la Junta desde hace 30 años. Pero hace un año la FAFFE se extinguió y se integró en el Servicio Andaluz de Empleo debido a la cuestionada reordenación del sector público.
En un correo electrónico remitido por Antonio Diz-Lois, entonces director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA, el 3 de junio de 2008 a Ramón Díaz, exdiputado del PSOE y al ex director general del organismo de la Junta, Jacinto Cañete el plan buscaba "instrumentalizar los convenios de prejubilaciones a través de la FAFFE en lugar de con IDEA". Dicho de otro modo, cambiar de nido al fondo de reptiles.
Este email está en los atestados de la Guardia Civil sobre el fraude de los ERE. Además, en esta correspondencia Antonio Diz-Lois pidió a Díaz que preparara una reunión urgente con el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, sustituto de Francisco Javier Guerrero al frente del departamento que concedía las ayudas.
Contratado por la Faffe, el exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz fue entre 2005 y 2008 mano derecha del Guerrero, principal imputado en el caso. Diz-Lois, que se encargó del presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS), no había hecho más que aterrizar en la agencia IDEA cuando planteó a Díaz "una reunión urgente para ver los temas de los convenios de la DGTSS". "Si te parece —añade— se puede fijar el siguiente orden del día, coméntalo con el director general", en alusión a Márquez, que apenas llevaba un mes al frente de la Dirección de Trabajo.
La reunión iba a tener cuatro puntos de orden del día: analizar la posibilidad de "instrumentalizar" las ayudas a través de la Faffe; "examinar la situación real de los convenios firmados, pendientes de firmar y los saldos reales de cada una de las pólizas"; determinar "los procedimientos a llevar a cabo para los pagos y liquidación de los convenios" y, por último, "seleccionar las operaciones a pagar a corto plazo". También le pregunta sobre el conocimiento de este tema "a nivel de viceconsejeros y si ya se ha tomado alguna decisión al respecto". Todo esto ocurrió después de destaparse el escándalo, lo que parece probar que la Junta y sus organismos tenían consciencia de la gravedad de la situación.
El "plan B" no prosperó y, una vez dimitido Guerrero, se optó por sustituir los convenios por encomiendas de gestión a IDEA para pagar una deuda con aseguradoras de 343 millones. La razón, según la exasesora laboral María José Rofa, que declaró como imputada el 2 de febrero ante la Guardia Civil, es que se planteó desviar los pagos a la Faffe porque IDEA había dejado de depender de la Consejería de Empleo y estaba adscrita a la de Innovación. Pero la operación era ilegal.