El PSOE andaluz comienza a hartarse de un socio como IU que quiere ser gobierno pero que quiere evitar sus consecuencias actuando como oposición. La chispa saltó ayer en el Parlamento andaluz cuando el PSOE ha descubierto que existió un acuerdo con IU para vetar determinadas comparecencias en la Comisión de Investigación del fraude de los ERE, entre ellas la Juan Francisco Trujillo, chófer de Francisco Javier Guerrero, el ex director general imputado.
El doble juego fue destapado por la protesta de la diputada socialista Antonia Moro, que, según relata ABC, impidió que testificara Juan Francisco Trujillo, propuesto por el PP andaluz, ante la comisión que deberá acotar las responsabilidades políticas. La representante del PSOE dijo que "lo que hemos cerrado eran los [nombres] comunes en dos listas", desvelando que "ése es el acuerdo". Persuadido por Castro, quien le recordó que el PP había anunciado su oposición a las 25 comparecencias y a la documentación solicitada, Ignacio García, el presidente de la Comisión (de IU) terminó claudicando y declinó someter a votación las citadas intervenciones.
Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, hizo unas explosivas declaraciones a la Guardia Civil y a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, en las que relataba que consumió cocaína durante tres años a cargo de las ayudas concedidas por su exjefe a sus empresas fantasma. No parece tener explicación que el escándalo que originó con sus declaraciones judiciales no sea contemplado, analizado y desmenuzado en la Comisión de Investigación de los ERE.
IU niega la existencia del pacto
Izquierda Unida afirma una y otra vez que no hay ningún pacto para descafeinar la comisión que investiga el fraude de los ERE en el Parlamento andaluz. Incluso el presidente, Ignacio García desafió a que "si alguien tiene pruebas que lo diga", un día después de que el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Rojas, se quejara amargamente ante los periodistas de que los aliados del bipartito "no tienen el más mínimo pudor en mostrar que lo tienen todo amañado". La intervención de ayer del PSOE ha dejado en entredicho su palabra.
El PP comenzó a desconfiar de la promesa de IU cuando en la reunión de la comisión celebrada el pasado lunes el PSOE invocó un "acuerdo" con su socio para abortar el intento del presidente de la comisión de someter a votación las comparecencias de los tres exdirectores generales del IFA o IDEA —la agencia que utilizó la Consejería de Empleo para pagar las ayudas sociolaborales—, como había solicitado el PP. Ahora, el veto común de IU y PSOE a la comparecencia del "chófer de la cocaína", avanza un paso más en esa dirección.
El doble juego de IU llega a otros ámbitos
En un caso verdaderamente escandaloso, IU, especialmente obligada al cumplimiento de la ley por razón de ser parte del gobierno andaluz de coalición, ha demostrado que el doble juego no se limita a los ERE y su comisión. En el edificio de renta libre de San Lázaro en Sevilla, que llevaba dos años vacío, hay infiltrados, entre familias desesperadas, miembros de IU que son precisamente los que están liderando las protestas contra el Ayuntamiento.
Entre los okupas hay una mujer que fue en las listas de IU a las elecciones municipales de 2003 y que trabajó desde ese año hasta el 2009 para la Delegación de Participación Ciudadana que dirigía Josefa Medrano, implicada en el caso ERE, a través de un convenio para gestionar los Presupuestos Participativos. Irma Blanco, que así se llama, se presenta como portavoz de los afectados y formó parte de la lista de brigadistas liderada por el exconcejal Francisco Manuel Silva para viajar a Cuba y Venezuela.
A pesar de conocer que entre los okupas hay personas con antecedentes penales, IU llevó ayer al pleno del Ayuntamiento de Sevilla una moción para exigir al PP que suministre agua y luz a "las 36 familias" ocupantes del edificio.