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Los jueces responden: rechazar el tercer grado no sería prevaricar

Tras las explicaciones del ministro del Interior, las asociaciones judiciales coinciden en afirmar que conceder el tercer grado es una "posibilidad".

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El Gobierno ha tratado de vender a la opinión pública que la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga –secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara– no era opción sino una obligación legal.

Tirando de hemeroteca, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz señaló visiblemente alterado el pasado jueves lo siguiente: "Se ha cumplido la ley; aunque nos duela haber tenido que tomar esta iniciativa; si no la hubiéramos tomado hubiéramos caído en prevaricación". Es decir, que el Ejecutivo entiende que haber dejado en prisión a Bolinaga, quien padece un cáncer de pulmón con metástasis, les habría llevado a ellos a cometer un delito.

Sin embargo, el artículo 104.4 del reglamento penitenciario –aplicado a Iosu Uribetxebarria Bolinaga para darle el tercer grado– señala que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad". Es decir, la ley habla de posibilidad y no de obligación.

La concesión del tercer grado es el paso previo para que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado José Luis de Castro, pueda conceder la libertad condicional a un preso. Según el artículo 90 del Código Penal, se podrá conceder esta libertad a los terroristas siempre que hayan realizado "una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito".

Sobre el caso Uribetxebarria Bolinaga se ha pronunciado en declaraciones a Libertad Digital José Luis González Armengol, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid, quien no cree que el Ejecutivo hubiera prevaricado al no conceder el tercer grado al preso.

"Toda norma y todo precepto es claramente interpretable. La ley no es estricta; se aplica a cada una de las situaciones y casos concretos existentes. Aquí el quid de la cuestión es saber si la enfermedad del preso es terminal y, en segundo lugar, las posibilidades de tratamiento de las mismas en los centros penitenciarios", subraya el magistrado.

González Armengol no comparte la tesis de Interior porque "de hecho la última palabra la tienen el juez central de vigilancia penitenciaria que puede dictaminar lo contrario a lo propuesto por el centro penitenciario".

Por otro lado, desde la asociación Jueces para la Democracia, su portavoz, Joaquim Bosch, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que "la norma no exige de manera necesaria que se tenga que cumplir la pena en prisión puesto que hay muchas enfermedades graves que se pueden cumplir en un centro penitenciario". "Todo tiene que ser objeto de ponderación", enfatizó Bosch.

En cambio, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, considera "lógico" que el preso etarra Bolinaga sea excarcelado por su estado de salud y si no hay riesgo de que reincida en su acción delictiva.

En una entrevista con Efe, el representante de la asociación mayoritaria de jueces ha destacado que es el Reglamento Penitenciario el que establece "la posibilidad" de que los presos enfermos terminales puedan pasar sus últimos días fuera de la cárcel.

Si el estado de Bolinaga supone "verdaderamente una postración física que desvirtúa la posibilidad de participar en una banda criminal como es ETA", es "lógico" que se le excarcele, ha comentado.

Llarena ha especificado que esa medida se debe tomar "siempre y cuando se pueda asegurar que no hay riesgo de reiteración delictiva y se aseguran los términos de seguridad colectiva poniendo a este señor en libertad". 

De momento, la forense de la Audiencia Nacional donde se mantiene que el secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara "no se encuentra en fase terminal", razón por la cual puede ser tratado por los servicios médicos de la cárcel sin necesidad de ser excarcelado. Ahora, la pelota está en el tejado del magistrado De Castro.

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