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290 años de prisión para dos etarras que colocaron una bomba en el cuartel de Inchaurrondo en 2000

La Audiencia Nacional condena a Ibón Echezarreta y a Luis María Carrasco a 290 años de prisión por 16 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas que cometieron cuando colocaron una bomba-trampa en las inmediaciones del cuartel de Inchaurrondo, de San Sebastián. El tribunal condena, también a los dos etarras, a pagar una indemnización a los 16 funcionarios de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza afectados en el atentado, y les prohíbe ir a San Sebastián en cinco años.

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La Audiencia Nacional condena a Ibón Echezarreta y a Luis María Carrasco a 290 años de prisión por 16 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas que cometieron cuando colocaron una bomba-trampa en las inmediaciones del cuartel de Inchaurrondo, de San Sebastián. El tribunal condena, también a los dos etarras, a pagar una indemnización a los 16 funcionarios de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza afectados en el atentado, y les prohíbe ir a San Sebastián en cinco años.
Puerta Principal de la Audiencia Nacional (LD)
LD (EFE) La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 290 años de prisión a Ibón Echezarreta y a Luis María Carrasco como responsables de la bomba-trampa que hizo explosión el 11 de noviembre de 2000 en las inmediaciones del cuartel de Inchaurrondo, de San Sebastián.

La sala declara a ambos en una sentencia responsables de 16 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa (tantos como miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en el atentado) y de un delito de estragos terroristas.

El tribunal ha decidido condenar también a los etarras a pagar una indemnización que suman en total 2.524.741 euros a las personas, organismos y entidades afectadas por su actividad, y les prohíbe ir a San Sebastián en cinco años.

Relato de los hechos probados
 
Según el relato de los hechos probados que figura en la sentencia, sobre las 07.00 horas del 11 de noviembre, los acusados, miembros de un comando de ETA, colocaron dos lanzagranadas de fabricación artesanal sobre una plataforma de cemento a unos 250 metros del cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo.

Tres cuartos de hora después se produjo la detonación de una de las granadas que impactó a unos 40 metros de la zona de lanzamiento y a un metro de la autovía de acceso al barrio de Herrera de San Sebastián.

Poco después un obrero que trabajaba en unas obras de iluminación viaria en la zona se percató de la existencia de las dos plataformas de cemento que servían de base para los lanzagranadas, por lo que alertó del hallazgo al teléfono de Emergencias 112.

De ahí que poco después se personaran en el lugar indicado miembros de la Ertzaintza, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, quienes procedieron a acordonar la zona y a desactivar la granada que quedaba en una de las dos lanzaderas.

Cuando los especialistas consiguieron desactivar el artefacto se produjo la explosión de una bomba-trampa, que se encontraba escondida en el interior de la base de cemento que sostenía la granada desactivada y que afectó a 16 funcionarios (diez de la Guardia Civil, 3 del Cuerpo Nacional de Policía y otros tres de la Ertzaintza).

Los hechos fueron reivindicados ocho días después por la organización terrorista ETA en un comunicado publicado en el diario Gara.

Ambos acusados fueron detenidos, junto con otros miembros de la organización terrorista, en un operación coordinada por la Ertzaintza el 22 de agosto de 2001 y tras realizar los registros en sus domicilios encontraron restos del material empleado en el atentado.

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