L D (Agencias) El secretario de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, ha indicado a El Economista que se "está creando un clima hostil para aquellos que no cumplan con las características que establece el modelo nacionalista". En su opinión, "establecer el catalán como requisito, así como todas las medidas de presión que se están realizando para crear sus propios cuerpos de funcionarios, asumiendo las competencias en la selección de personal, tiene una doble consecuencia. Por un lado, genera rechazo; y en segundo lugar, la gente no va a querer cubrir los puestos vacantes que quedan en Cataluña".
Asimismo Astarloa ha señalado que "desde la Generalidad se vienen estableciendo progresivamente las bases para la creación de un Poder Judicial propio". En opinión del dirigente popular, la situación que vive la Justicia en Cataluña "no es más que la crónica de un desastre anunciado". Desde el Gobierno catalán, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Núria Cleries, consideró que el gran porcentaje de interinos "trastoca mucho" el funcionamiento de los juzgados y supone un "mal endémico". Cleries explicó que el proceso de sustitución de los funcionarios debería haber terminado en septiembre, pasadas las vacaciones y cuando ya estuvieran totalmente preparados los nuevos interinos.
Según la Generalidad, la situación podrá mejorar cuando empiecen a trabajar los 650 interinos que la Consejería de Justicia está formando. Sin embargo, estos trabajadores llegarán sin experiencia alguna y con una formación de solamente 65 horas impartidas por otros profesionales del mundo judicial. La próxima convocatoria de oposiciones está prevista para dentro de un año y podría incluir 1.200 plazas para Cataluña, del total de 4.000 en toda España. Hasta entonces habrá unas 1.900 plazas cubiertas por interinos, casi un 30% del total, incluidos los 400 interinos que cubren bajas.
Por todo ello, la única salida que le queda la Consejería es esperar que con el desarrollo del nuevo Estatuto la Generalidad pueda convocar sus propios concursos, que incluirían el requisito de la lengua catalana. Con ello, se intentaría evitar que muchos funcionarios del resto de España llegasen a Cataluña para coger experiencia y que después volvieran a sus lugares de origen.