El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha dicho que en el caso de Benidorm (Alicante), el PSOE ha cumplido a "rajatabla" el Pacto Antitransfuguismo y ha hecho "lo que tenía que hacer".
Así se manifestó Chaves ante una pregunta del parlamentario del Grupo Popular Juan Manuel Moreno Bonilla en el Pleno del Congreso de los Diputados, quien preguntó al vicepresidente por su valoración sobre la salud del Pacto Antitransfuguismo, tras la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Benidorm.
Según aseguró Chaves, en esta legislatura los casos de transfuguismo afectaron al 0,5 por ciento de los ayuntamientos y que, sin el acuerdo, esos números serían muy distintos. Por ello indicó que el pacto "es útil y necesario", y su salud no depende del Gobierno sino del cumplimiento de todos los partidos que lo firmaron.
En opinión de Moreno, el de Benidorm ha sido uno de los casos más graves de transfuguismo de los últimos años, porque es la primera vez que "salpica directamente" a la cúpula de un partido nacional. "Estamos ante una pantomima política con un único objetivo: asaltar el poder en Benidorm", aseveró.
Para el diputado popular, el talante de Zapatero ha quedado en "tomar el poder como sea y al precio que sea", y se ha visto "reducido a la triste foto en la que un día se levanta el puño y al otro se le da un puñetazo a la voluntad popular", destacó.
Asimismo, el parlamentario indicó que todo es fruto de una estrategia política "meticulosamente organizada por la familia Pajín y apoyada por la familia socialista", para que los implicados puedan darse de baja ahora y después volver al redil socialista.
Para Chaves, desde el PP se practica "la doble moral y la ley del embudo", ya que indicó que el partido se hizo con la alcaldía en Benidorm con un voto de un tránsfuga del PSOE y el alcalde, Eduardo Zaplana, llegó a ser ministro del Gobierno de Aznar. Por ello, requirió que no se utilice la doble vara de medir y pidió "más rigor"."Menos disolución y más colaboración"
El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha sido peguntado por la diputada del PP Celia Villalobos acerca del caso de corrupción que afecta al PSOE en Estepona conocido como caso Astapa.
En sesión de control al Gobierno en el Congreso, Villalobos ha pedido a Chaves que disuelva la corporación local ante la "ingobernabilidad manifiesta" del municipio. "¿Piensa el Gobierno poner en marcha los mecanismos para proceder a la disolución de los órganos de la corporación local de Estepona ante la situación creada por el caso Astapa?", le espetó Villalobos.
El ex presidente de la Junta ha contestado que si el PP pide la disolución del Ayuntamiento de Estepona es por "puro oportunismo electoral. Y eso es una irresponsabilidad ". Para Manuel Chaves el PP siempre "aplica la misma receta" para todo: "Verlas venir, agudizar los problemas y sacar la calculadora para ver cuantos votos pueden arañar". El dirigente socialista ha acusado a los populares de ser los que están bloqueando las iniciativas y la acción de gobierno en el ayuntamiento de Estepona. Es por ello que ha concluido: "Menos disolución y más colaboración".
Marbella sí, Estepona no
Por su parte, la diputada del PP incidió en que "es hora de poner cierto orden democrático" en Estepona, cuya situación es "muy similar" a la vivió Marbella tras conocerse la corrupción urbanística destapada en la operación Malaya y que sí fue disuelto.
Villalobos aseguró que la ciudad tiene un "ayuntamiento ingobernable", que –según denunció– no paga a los empresarios, no se cobran impuestos, no se cumplen acuerdos de pleno y no hay seguridad jurídica. Asimismo, insistió en la situación "insostenible" el consistorio y aventuró que "diga lo que diga", el actual alcalde y anterior portavoz del Gobierno local, David Valadez, también "terminará implicado" en el caso Astapa.
Según explicó la pasada semana el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, en un encuentro con la prensa, en lugar de abordar la situación que vive este consistorio, el Ejecutivo "está mirando para asuntos que desde el punto de vista político les interesan mucho más que los relacionados con los casos de corrupción".
Ayllón calificó de "lamentable" la conexión de la secretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy con la Fiscalía Anticorrupción recogida en conversaciones en el teléfono intervenido al ex alcalde Antonio Barrientos e incorporadas al sumario del caso y lamentó que el PSOE mire "para otro lado". "La situación es muy compleja y el Gobierno debe decir si piensa hacer algo", concluyó el secretario del Grupo Popular.